El alcalde de la localidad cacereña de Brozas, José Félix Olivenza, deberá presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Cáceres el próximo 5 de noviembre para aclarar su actuación en la concesión de licencias de obra que terminaron con el derribo de tres inmuebles protegidos en el casco histórico de Brozas, algo que desmintió ayer el propio afectado. Según informó IU de Extremadura en una nota, varias asociaciones en defensa del patrimonio ya dieron a conocer en mayo su preocupación por el "alarmante incremento", según dijeron, en el número de derribos de edificios que se estaba registrando en el pueblo.

Entre los inmuebles afectados se encontrarían tres del siglo XVIII que gozaban de protección al encontrarse incluidos en el Catálogo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de la localidad. A partir de ahí, el asunto fue llevado al pleno del ayuntamiento por el grupo municipal IU-SIEX, pero la moción de urgencia presentada no prosperó al obtener el rechazo del grupo socialista, que posee mayoría absoluta desde las últimas elecciones.

Esta situación dio lugar a la presentación de un escrito de denuncia ante los juzgados de Cáceres y, al mismo tiempo, a la apertura de diligencias previas desde el juzgado número 6.

HASTA LA JUNTA Además, el asunto se puso en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Según el grupo municipal de IU-Siex, al menos tres edificios protegidos fueron derribados previa concesión de licencia por parte del alcalde.

Estas licencias contaban con informes técnicos y jurídicos negativos emitidos por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad de Municipios Tajo Salor, por lo que al supuesto delito contra el patrimonio podrían sumarse otros de carácter urbanístico, según el grupo de la oposición. Los ediles de dicho grupo recuerdan también que la Consejería de Cultura y Turismo trabaja actualmente sobre los estudios previos que tienen como fin la declaración del casco urbano de Brozas como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Por su parte, José Félix Olivenza aseguró ayer que las acusaciones de IU, "son totalmente inciertas" y aclaró que el asunto no afecta a 3 inmuebles, sino solo a uno. Además, aseguró que el edificio del que deberá dar explicaciones se encontraba totalmente en ruinas y se derribó a petición de su propietario. Olivenza aseguró que las acusaciones de IU son fruto de intereses políticos. "IU no es capaz de seguir hacia un progreso y lleva la política a la vía judicial porque dentro de la política es incapaz de generar ideas y con eso perjudica a los ciudadanos", señaló. Finalmente, matizó que la licencia de obra para el derribo del inmueble la concedió la junta de gobierno y no solo el alcalde.