El Ayuntamiento de Trujillo ha negado cualquier relación contractual con la firma Isolux-Corsán «y en ningún caso ha autorizado a nadie a actuar en nombre» de esta corporación tanto en relación con la citada empresa como en las obras del tramo Coria-Moraleja de la EX-A1. De esta forma, el consistorio responde a una noticia publicada por El País, en la que se recoge que un informe de la Guardia Civil incorporado al caso Adif extiende las sospechas de la investigación más allá de diversos tramos ferroviarios, en concreto, a varias autovías, entre ellas el tramo de Coria-Moraleja de la EX-A1. Aunque este tramo fue inaugurado en marzo de 2015, casi cuatro años antes, en pleno proceso de desarrollo de la EX-A1, se detectaron problemas geotécnicos.

Según esta información, una persona vinculada al Ayuntamiento de Trujillo, identificada como Carlos C. «pide a los directivos» de la constructora «unos honorarios mínimos del 10 %» para arreglar el asunto. Según el informe, ese dinero es «en beneficio propio como pago por sus labores de persuasión ante lo que él denomina implicados».

Sin embargo, el consistorio, a través de una nota de prensa, ha regado que tal persona trabajara o guardara relación contractual con el ayuntamiento, y mucho menos que estuviera autorizada a actuar en nombre del consistorio. De hecho, en la nota se añade que «en el caso de que eso hubiera sucedido, siempre será bajo su propia responsabilidad y ateniéndose a las consecuencias legales que de ello pudieran derivarse».

Asimismo, el consistorio se ofrece para facilitar a las autoridades judiciales cuanta información sea necesaria en relación a este asunto. En este sentido, ha explicado que las obras de la autovía Coria-Moraleja, ubicada a más de 100 kilómetros, fueron «un proyecto autonómico de la Junta, y no local.

Según publica el El País, los supuestos sobornos del caso Adif «no se limitaron a obras del AVE en Cataluña» y existen «una veintena de obras bajo sospecha: ferrocarriles, carreteras, puertos, aeródromos». Fuentes de la Junta han informado de que, en 2010, la UTE adjudicataria de la obra de la citada autovía (Corsan-Corviam, S.A-Magenta, S.A.) informó a la entonces Dirección General de Infraestructuras y Agua de la existencia de problemas de estabilidad en dos desmontes de los ramales del enlace 3 de la EX-A1. Entonces, la dirección general encargó un informe a la empresa Ingeniería del Suelo, SL emitiendo ésta una propuesta para solucionar el problema, que consistía básicamente en tender más los taludes y emplear menos elementos de contención.Esta solución se sustanció en un modificado de la obra donde el coste para solucionar los problemas geotécnicos ascendía a 11,18 millones de euros. El presupuesto de adjudicación fue de 38 millones.