El Ayuntamiento de Trujillo ha negado hoy cualquier relación contractual con la firma Isolux-Corsán "y en ningún caso ha autorizado a nadie a actuar en nombre" de esta corporación tanto en relación con la citada empresa como en las obras del tramo Coria-Moraleja de la Ex-A1.
De esta forma, el consistorio responde a una noticia de El País, en la que se recoge que un informe de la Guardia Civil incorporado al 'caso Adif' extiende las sospechas de la investigación más allá de diversos tramos ferroviarios, en concreto, a varias autovías, entre ellas el tramo de Coria-Moraleja de la Ex-A1.
Aunque este tramo fue inaugurado en marzo de 2015, casi cuatro años antes, en pleno proceso de desarrollo de la Ex-A1, se detectaron problemas geotécnicos.
Según esta información, una persona vinculada al Ayuntamiento de Trujillo, identificada como Carlos C. "pide a los directivos" de la constructora "unos honorarios mínimos del 10 %" para arreglar el asunto. Según el informe, ese dinero es "en beneficio propio como pago por sus labores de persuasión ante lo que él denomina implicados".
Sin embargo, el consistorio trujillano, a través de una nota de prensa, ha regado con rotundidad que tal persona trabajara o guardara relación contractual con el Ayuntamiento, y mucho menos que estuviera autorizada a actuar en nombre del consistorio.
De hecho, en la nota de prensa se añade que "en el caso de que eso hubiera sucedido, siempre será bajo su propia responsabilidad y ateniéndose a las consecuencias legales que de ello pudieran derivarse".
"En el caso de que se demostrase que alguien ha utilizado" el buen nombre del Ayuntamiento de Trujillo "con fines delictivos, se iniciarán las acciones legales pertinentes contra la persona o personas que así hubiesen actuado", han reiterado.
Asimismo, el Ayuntamiento de Trujillo se ofrece para facilitar a las autoridades judiciales cuanta información sea necesaria en relación a este asunto "que no le compete".
En este sentido, el consistorio trujillano ha explicado que las obras de la autovía Coria-Moraleja, ubicada a más de 100 kilómetros, fueron "un proyecto autonómico de la Junta de Extremadura, y no local, por lo que el Ayuntamiento de Trujillo no tiene competencia alguna en la materia".
Según publica el diario El País, los supuestos sobornos del caso Adif "no se limitaron a obras del AVE en Cataluña" y existen "una veintena de obras bajo sospecha: ferrocarriles, carreteras, puertos, aeródromos".
La versión de la Junta
Fuentes de la Junta de Extremadura han informado, a través de un comunicado de prensa, de que, en 2010, la UTE adjudicataria de la obra de la autovía (Corsan-Corviam, S.A-Magenta, S.A.) informó a la entonces Dirección General de Infraestructuras y Agua de la existencia de problemas de estabilidad en dos desmontes de los ramales del enlace 3 de la Ex-A1.
Para disponer de elementos de juicio técnicos, la Dirección General encargó un informe a la empresa Ingeniería del Suelo, S.L.
En octubre de 2011, esta empresa emitió un informe con su propuesta para solucionar el problema de inestabilidad de ambos desmontes, que consistían básicamente en tender más los taludes y emplear menos elementos de contención.
Esta solución se sustanció en un modificado de la obra donde el coste para solucionar los problemas geotécnicos ascendía a 11,18 millones de euros.
En este mismo modificado se incluyó también como segundo concepto la variación en la medición del número de unidades del proyecto, lo que supuso otro incremento adicional de 2,89 millones de euros, y que, por tanto, el incremento presupuestario total del Modificado del proyecto de obra, que se firmó el 2 de julio de 2013, fue de 14,07 millones de euros.
El presupuesto de adjudicación fue de 38 millones de euros.
