El consistorio moralo deberá pagar una sanción económica por perder el recurso administrativo interpuesto contra la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura. El motivo de la denuncia fue que la piscina municipal se abrió sin contar con un enfermero, debido a que coincidió en fechas con el cambio del equipo de gobierno en junio del 2003.
