El propietario de un perro de raza mastín ha sido imputado por un delito contra el maltrato animal al ser hallado por la Guardia Civil en una parcela de Miajadas con un tronco de unos 50 centímetros atado a su cuello, con el fin de limitar sus movimientos.

Asimismo, ha sido imputado un veterinario por un delito de falsedad documental, ya que presuntamente manipuló las fechas de implantación del chip de identificación del animal, del cual carecía el animal cuando fue reclamado a su propietario por parte de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Los agentes detectaron al animal el pasado 4 de mayo en el interior de la parcela con el tronco atado al cuello, el cual "limitaba e impedía la normal movilidad del animal, pudiendo conllevar el uso de ese sistema, un trato vejatorio, además de sufrimientos o daños injustificados, e inculcarle pautas de comportamiento y aptitudes ajenas e impropias de su condición".

Unas conductas que contravienen lo estipulado al respecto en la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en Extremadura, según indica la Guardia Civil.

De este modo, la Guardia Civil inició las investigaciones para la localización e identificación de su propietario, ya que el mismo carecía del correspondiente transpondedor electrónico (microchip), que debería tener obligatoriamente implantado.

Tras varios días de averiguaciones, la Guardia Civil comprueba que la parcela había sido alquilada por su propietario a un vecino de la misma localidad, quien tras ser identificado y entrevistado, confirma ser el propietario del perro, informándole de los hechos y solicitándole la cartilla sanitaria, observando en la misma que el microchip le había sido implantado el día 28 de abril de 2015, coincidiendo con las correspondientes vacunas y tratamientos desparasitarios.

Sin embargo, los agentes detectaron que la fecha de la implantación del microchip era anterior a la que los agentes habían localizado al perro en dichas condiciones, lo que hizo levantar sospechas sobre una posible manipulación de la cartilla sanitaria.

Posteriormente, los agentes comprobaron en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura que la implantación se realizó por un veterinario el día 10 de mayo de 2015, quien habría manipulado la fecha de su implantación en la cartilla sanitaria, a petición del propietario del animal, con el objeto de evitar la apertura de expedientes sancionadores.

Como resultado final, la Guardia Civil levantó las correspondientes actas administrativas contra el propietario del perro por maltrato animal, así como a la imputación de este y del veterinario, en un supuesto delito de falsedad documental.