La Dirección General de Administración Local ha practicado en el Ayuntamiento de Alcollarín en un año hasta siete requerimientos para que el consistorio le presente la necesaria documentación de los acuerdos aprobados, incluso ha llegado a revocar algunos de éstos tomados por la alcaldía, según ha señalado en una nota remitida a EL PERIODICO la Consejería de Desarrollo Rural, en el que se critica la actitud del PP, de denunciar unos hechos sin contrastarlos antes.
La Junta, según la nota, siempre ha actuado cuando el Ayuntamiento de Alcollarín infringido la normativa y mediante la dirección general en primera instancia, se ha requerido que se enviase la documentación necesaria; en caso de irregularidades se han llegado a suspender actos administrativos.
Por este motivo, desde la Administración autonómica no se entiende la "costumbre del PP de implicarla en cualquier asunto sin previa comprobación de los hechos" y exige al presidente provincial, Laureano León, una rectificación inmediata de las acusaciones vertidas contra la Dirección General de Administración Local y sus acusaciones de pasividad.
Este organismo recuerda que viene actuando "prontitud ante cualquier irregular administrativa que pudiera detectar en un ayuntamiento, se del signo político que sea". El PP había denunciado al alcalde de cometer graves irregularidades en contrataciones y llevar al ayuntamiento a una situación "insólita".
