El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha visitado Trujillo donde ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Alberto Casero, con la vicepresidenta del gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, y con el delegado del Gobierno, Germán López Iglesias. Tras llevar a cabo un almuerzo, la comitiva ha visitado las instalaciones de los juzgados de primera instancia e instrucción, que se encuentran en la plaza Mayor de Trujillo, acompañados por los jueces titulares de los mismos. Unas instalaciones que "son una de las referencias de los servicios que Trujillo presta a sus vecinos y comarca", como ha señalado el alcalde, quien ha explicado que dichas instalaciones se encuentran en un estado que requieren de una mejora importante. Para ello el Gobierno de España ha asumido el compromiso de invertir 100.000 euros para llevar a cabo mejoras "que quienes trabajan a diario en él han ido trasladando, y que son necesarias para mejorar la calidad del servicio". Así, Alberto Casero ha confirmado que los juzgados continuarán estando en Trujillo, y ha añadido que "frente a como se comenzó la legislatura con miedo y zozobra sobre si se trasladarían de Trujillo, hay que decir que no solo están garantizados sino que se van a mejorar".
Por su parte, Rafael Catalá, ha reiterado que el Ministerio de Justicia ha incorporado una partida de 100.00 para iniciar la remodelación de los juzgados en este año 2015, donde se trabajará realizando labores de rehabilitación y adecuación de las instalaciones, solventando necesidades "en relación a la accesibilidad y otras reformas". Sin embargo, aún no están determinadas con detalles cuáles serán dichas intervenciones, por lo que tras realizar un proyecto en profundidad se irán realizando aquellas tareas "prioritarias".
Catalá ha confirmado que, dado que las mejoras no serán estrictamente estructurales, "la actividad de los juzgados será compatible con las mejoras", no teniendo que ser trasladados de lugar durante las intervenciones. El ministro ha añadido que esta actuación forma parte de un proyecto de remodelación global que cuenta con una partida de un millón de euros, encaminado a mantener la ubicación y adecuación del edificio en años sucesivos, y que por tanto tendrá continuidad en los presupuestos del ministerio. En relación al registro civil, el ministro se ha referido a su "desjudicialización", cuyas funciones serán asumidas por los registradores de la propiedad y mercantil bajo la supervisión del ministerio, "para que los ciudadanos tengan un servicio cercano, eficaz, y adaptado a las nuevas tecnologías".
