Los dueños de las aproximadamente 1.500 viviendas que se encuentran fuera de ordenación urbana en el término municipal de Coria deberán afrontar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) después de que el Ayuntamiento de Coria haya requerido el cobro del mismo a través del servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Cáceres. Dicho organismo ya ha comenzado a solicitar a los dueños de las casas ilegales, a través de cartas, que se den de alta en el padrón municipal con el fin de recabar dicho impuesto.
En este sentido, el alcalde de Coria, Juan Valle, explicó que el cobro del IBI tiene como fin que todos los ciudadanos "participen por igual en las arcas municipales". Valle explicó ayer que se estima que el consistorio ingrese al año unos 400.000 euros por el cobro de dicho impuesto, aunque matizó que todavía, "es precipitado estimar cantidades con exactitud", señaló.
Además, el alcalde recordó que el ayuntamiento ha contratado a una empresa privada que se encarga actualmente de catastrar no sólo las casas ilegales, sino también otros edificios que no estaban registrados y que están dentro del casco urbano. Dicho estudio estará acabado entre septiembre y octubre.
CRITICAS DE LA OPOSICION El concejal del PP del área de Hacienda, Pablo Enciso, aseguró ayer que la decisión del ayuntamiento "no resuelve ningún problema de tipo urbanístico". Enciso reconoció que el cobro del IBI "es perfectamente legal", pero advirtió que los ciudadanos deben saber que eso "no legaliza ninguna construcción", afirmó.
Por su parte, el edil de Ipex, Juan Carlos Pérez, manifestó su acuerdo con cobrar el IBI en aquellas viviendas fuera de ordenación que pueden legalizarse, pero "no es correcto cobrar un impuesto a aquellas que no podrán legalizarse". Finalmente, el edil de Siex, Angel Recuero, mostró su desacuerdo con el cobro del IBI y advirtió que afectará al 80 % de la población. Recuero insistió en que el ayuntamiento debe comenzar antes en estudiar la legalización de las casas.
