El pleno municipal celebrado la noche del viernes rechazó la enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular con ocho votos a favor de éstos y nueve en contra del PSOE y la Pinav. Con dicha acción se pretendía que los tribunales dictaminaran si los concejales liberados Alvaro Lozano y Joaquina López debían devolver a las arcas municipales los sueldos cobrados tras declarar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura nulo el pleno de septiembre de 2002 en el que se aprobó la dedicación exclusiva de los dos ediles. Rafael Mateos, del Partido Popular, y el informe técnico dictaminado por el secretario del ayuntamiento discreparon sobre si los concejales afectados debían votar o por el contrario tendrían que abstenerse. Por su parte la alcaldesa, María Salud Recio, señaló que no aceptaban la enmienda "por que la ejecución de una sentencia es algo más técnico que político". Tras la votación Mateos se preguntó por qué el equipo de gobierno no se apoyaba siempre en los informes de los técnicos municipales como en este caso y señaló que su grupo promovería el incidente de ejecución de sentencia ante los tribunales: "Existen circunstancias claras y definidas en la ley para la abstención de los concejales afectados. Esto es una forma de burlar la sentencia judicial", concluyó.
LIBERACIONES RETROACTIVAS
A continuación se pasó a abordar las liberaciones con carácter retroactivo de los dos concejales en puntos del orden del día distintos, hecho que desde la oposición se entendió como otra nueva jugarreta del equipo de gobierno para que salieran adelante los dos puntos pudiéndose ausentar en cada uno de ellos el concejal sobre el cual se debatía la liberación.
Así los dos puntos salieron adelante con el voto de calidad de la alcaldesa a lo que Mateos calificó de "acto de filibusterismo político" a la vez que preguntaba a Recio por qué no se salieron también en la anterior votación ya que también los concernía.
Desde la alcaldía se evitó hacer declaraciones alegando que el equipo de gobierno se estaba basando en los informes de los técnicos municipales que señalaron que si se contemplara así la ley se llegaría al absurdo de que nadie podría votar en las sesiones plenarias.
