La Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa), compuesta por 37 entidades del territorio nacional, celebró ayer en Trujillo una asamblea extraordinaria. Antes de comenzar este acto, el presidente de este colectivo, Antonio González, manifestó que se está trabajando para que el Congreso de los Diputados unifique las normativas de las leyes de Patrimonio Histórico y de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta petición es debido a que, con la actual legislación, las empresas dedicadas a la restauración tienen que cumplir muchos requisitos para realizar una obra, ejecución, por tanto, que se demora en el tiempo. Además, explicó que otras compañías, como las de construcción de carreteras o viviendas, "no tienen tantos problemas a la hora de realizar o poner en marcha sus obras".
Según González, las leyes también deberían regularizar la dedicación y especialización de este tipo de empresas, porque hay entidades de construcción que realizan obras de restauración, subcontratando a otras empresas especializadas para realizar ese trabajo.
El presidente de esta asociación señaló que en la recuperación de restos arquitectónicos "debe intervenir la Administración" y tendría que ponerse de parte del promotor, porque "son los que manejan la máquina económica del país".
En esta asamblea de Arespa, se informó, entre otras cuestiones, de los puntos tratados en el Consejo de Patrimonio de Melilla, donde estuvo la asociación.
El alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, inauguró la reunión. Afirmó que, hace más de ocho años, la mitad de los palacios de la ciudad estaban en ruinas ahora se han rehabilitado.
