Cuantos más clientes conseguían, más cobraban. Pese a que los métodos fueran, presuntamente, ilegales. Un total de 115 comerciales, pertenecientes a una empresa subcontratada por Auna, están imputados por fraude en la contratación de líneas telefónicas. La Guardia Civil ha detectado 352 contratos irregulares tras el análisis de 636 en toda España, incluidas las provincias de Cáceres y Badajoz.
Tras la liberalización del mercado de los operadores de telefonía, la lucha para conseguir que los usuarios cambien de compañía es durísima. Tanto que, en algunas ocasiones, vulnera la legalidad. En este contexto, la compañía Auna --antes de ser comprada por ONO en noviembre del 2005-- puso a trabajar a comerciales a través de una empresa subcontratada para conseguir que los usuarios optaran por el cambio.
La investigación se inició hace un año cuando una asociación de consumidores acumuló en poco tiempo un número importante de denuncias. A estas quejas, se sumó la denuncia en el juzgado de guardia de un usuario al que una compañía le cargaba una factura por el cambio de compañía que no solicitó.
Al tener conocimiento de esta denuncia, la empresa Auna, suministradora del servicio, interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos de telefonía móvil y puso a disposición del juzgado un total de 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre los años 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados.
De los 352 contratos ilegales, 116 fueron formalizados mediante la falsificación de firmas y 186 mediante el engaño de los usuarios que, finalmente, optaban por firmar convencidos, erróneamente, de que el cambio no suponía ningún cargo.
Fuentes de la Guardia Civil informaron ayer de que todavía quedan más de 200 contratos por revisar por lo que, con toda probabilidad, el número de usuarios afectados por el fraude será mayor.
La empresa ONO matizó ayer que el caso de supuesto fraude es anterior a la adquisición de Auna, en noviembre de 2005. Un portavoz de la compañía recalcó que fue ya la compañía Auna la que inició las acciones penales contra la compañía subcontratada que presuntamente cometió el fraude. Las mismas fuentes han señalado que confían en que este caso suponga "un paso adelante importante" en la defensa de los derechos de los consumidores ante este tipo de fraudes telefónicos.
Además de Extremadura, Cantabria, Madrid, Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla y León son otras comunidades afectadas por el fraude investigado.
