Unas 25 mujeres usuarias de la Clínica Isadora han sido citadas por el juzgado número 47 de Madrid para declarar como testigos sobre unas presuntas irregularidades en este centro de interrupción voluntaria de embarazos.

Una portavoz de la clínica madrileña ha expresado su sorpresa debido a que hasta la fecha no ha sido llamado a declarar ninguno de los sanitarios que trabajan en la clínica, de la que el juez José Sierra Fernández sí ha solicitado documentación e historiales clínicos. Hoy mismo ha comparecido una de las alrededor de 25 mujeres que "supuestamente han hecho uso de los servicios de la clínica Isadora", y lo ha hecho ante el juez de este caso, que está bajo secreto sumarial.

La investigación arranca de la denuncia presentada años atrás por la asociación "La Vida Importa" contra dicho centro por supuestos abortos ilegales. La portavoz ha afirmado que detrás de estos hechos hay "una clara persecución política", al tiempo que ha criticado el que la Guardia Civil se haya presentado en los domicilios de algunas de las mujeres llamadas a testificar.

Por su lado, la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha ofrecido hoy a estas mujeres su apoyo y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos de la asociación. Para ACAI es "inconcebible que, en un Estado de Derecho que reconoce por ley la prestación del aborto, las mujeres que interrumpen su embarazo y los profesionales que facilitan este recurso sean objeto de una persecución política sin precedentes".

"Es claro -subraya- el interés político en mantener la causa abierta por el Juzgado número 47 de Madrid contra la Clínica Isadora". Todo ello, a pesar de que la clínica ha sido inspeccionada tanto por el SEPRONA como por la Dirección General de Sanidad de la Comunidad de Madrid sin que se haya encontrado indicio alguno de delito, añade la asociación.

Además, ACAI asegura que el Instituto Anatómico Forense falló que los restos orgánicos, que avalarían supuestamente la comisión de abortos ilegales, no eran probatorios de ilegalidad alguna. En su opinión, "los llamamientos realizados a las mujeres para declarar, no son sino una vuelta de tuerca más de una campaña política cuyo objeto es evitar el ejercicio de este derecho legítimo".