El nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella estima que hay 30.000 viviendas fuera de la normativa, y calcula que unas 5.000 no podrán regularse de ninguna manera, al encontrarse en suelo público destinado a equipamiento o zona verde que no puede ser compensado en otra zona. Son precisamente estos casos en los que la Junta de Andalucía, que actualmente ostenta las competencias de Marbella en materia urbanística, se muestra más intransigente en cuanto a que se mantengan en pie.
La Junta ha presentado 430 impugnaciones de licencias concedidas por Jesús Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe, aunque la jueza se ha pronunciado hasta ahora en 37 procesos. De estos, solo hay sentencia firme en 17, que afectan a 335 viviendas, entre ellas el famoso complejo Banana Beach, a la entrada de la ciudad.
