El Ministerio de Igualdad presentó ayer un completo informe sobre la violencia doméstica durante el pasado año que vuelve a desmentir algunas de las ideas preconcebidas que suelen ir asociadas a este fenómeno. La de que los asesinatos machistas, por ejemplo, son fenómenos aislados, pasionales, llevados a cabo sin premeditación. Para nada. Durante el 2008, casi el 30% de los agresores que mataron a sus esposas o compañeras ya tenían antecedentes por malos tratos: en la mayor parte de los casos --el 21,4%--, a la propia víctima, y en un 7,1% de las veces, a una mujer distinta de la asesinada.

Hubo durante el año pasado 70 mujeres que murieron a manos de sus parejas, una menos que en el 2007, siempre que en los homicidios que aún están siendo investigados no se concluya que también fueron casos de violencia sexista. De no ser así, las cifras seguirían subiendo de año en año, pues en el 2006 fueron 68 mujeres y, en el 2005, 57. Son datos negativos, pero el ministerio sostiene que el barómetro para medir la efectividad de las medidas contra la violencia machista no deben ser las muertes, sino las denuncias.

DENUNCIAS EN AUMENTO Estas denuncias, explicó el delegado del Gobierno en la materia, Miguel Lorente, van en aumento: en los primeros nueve meses del año pasado se presentaron 108.261 denuncias, un 15,9% más que en idéntico periodo del 2007. Expresado de otra forma, el guarismo evidencia la presencia del fenómeno en España: 400 mujeres al día denunciaron a sus parejas en ese periodo del 2008. "Las denuncias están sirviendo para evitar homicidios", dijo Lorente, basándose en que, por tercer año consecutivo, ha descendido el número de fallecidas que habían declarado contra sus agresores o contaban con una orden de protección: del 33,8% en el 2006 al 22,9% en el pasado año.

Frente a estos datos, que el Gobierno interpreta de forma positiva, hay uno muy preocupante. Los agresores y víctimas inmigrantes --el 80% en situación regular-- aumentan cada año. Así, las asesinadas de origen extranjero pasaron de ser el 29,4% en el 2006 al 39,4% en el 2007, y de ahí al 44,3% en el 2008.

Hace un par de semanas, el Consejo de Ministros aprobó un plan de prevención de la violencia doméstica entre la población inmigrante. Dotado con más de 11 millones y medio de euros, el programa permitirá que las víctimas de este delito obtengan el permiso de residencia.

Sin embargo, y este es otro prejuicio que rompe el informe, las víctimas de maltrato no tienen por qué ser mujeres de escasos recursos: el 30,6% de quienes llamaron al número de atención en la materia --el 016-- tenían estudios universitarios, un dato que también puede indicar que este colectivo tiende a denunciar antes que otros.