La ministra de Sanidad, Elena Salgado, es inflexible y contundente: antes de julio no se podrá fumar en ninguna dependencia de los centros oficiales ni, en consecuencia, vender tabaco. La medida, incluida en el proyecto de ley de prevención del tabaquismo, exige el cierre de unos 300 estancos ubicados en centros oficiales como ministerios, juzgados y centros penitenciarios.
La futura norma, que vetará el tabaco en todos los centros de trabajo a partir del próximo 1 de enero, ha puesto en pie de guerra a las expendedurías, tanto por el cierre de establecimientos en sedes oficiales como por la prohibición de vender tabaco en cajetillas de 10 cigarrillos o por unidades.
LAS OPCIONES "Van a por nosotros. Sólo nos quedan dos opciones: cerrar el negocio a cambio de una indemnización o canjear la licencia por otra en la vía pública", lamenta Antonio González, propietario de un estanco en el Palacio de Justicia de Valladolid y presidente de la Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT).
González asegura que, en contra de lo que cree la gente, estos negocios han dejado de ser rentables y que la mayoría de los afectados por el cierre en las sedes oficiales pedirá que se les indemnice y prejubile.
La Unión de Asociaciones de Estanqueros (UAE), mayoritaria en este sector que agrupa a un total de 16.000 estancos, se muestra muy descontenta con el proyecto de ley en general, que considera "complejo, ambiguo, incoherente y difícil de llevar a cabo".
La mayoría de las licencias para la apertura de los estancos se concedieron en los años 70 sin convocatoria de concurso público. No obstante, la UAE no descarta ejercer acciones legales si no se respetan el contrato que actualmente vincula a los estancos con el Estado.
"Esperamos a que el Ministerio de Economía concrete sus propuesta", dijo un portavoz de esta patronal.
La UEA tiene claro que la prohibición de vender tabaco no hará rentable mantener un establecimiento sobre actividades marginales, como la venta de sellos o impresos oficiales, y apunta al cierre "más pronto o más tarde" de los 300 establecimientos afectados.
LICENCIAS CONGELADAS El departamento que dirige Pedro Solbes anunció que, de momento, queda congelada la concesión de 250 licencias para la apertura de estancos, prevista para el 2005 por el anterior Ejecutivo.
"No había ningún concurso abierto. Se establecerán fórmulas para que los estancos ubicados dentro de las dependencias y centros oficiales no se vean perjudicados", señalaron fuentes de Economía sin precisar si entre las medidas se contempla el pago de indemnizaciones.
El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene claro que la ley exigirá que estos estancos se cierren y asegura que el Gobierno le dará al asunto el tratamiento jurídico adecuado, concediéndoles una licencia en otro lugar o mediante un acuerdo económico. "El proyecto es muy respetuoso con el sector. Consolida la posición de los estancos y les confía la distribución controlada del tabaco", asegura Fernando Lamata, secretario general del Ministerio de Sanidad.
Lamata señaló que el departamento que dirige Elena Salgado está recibiendo las alegaciones al anteproyecto de todos los sectores afectados, incluidas las de los estanqueros.
No obstante, el Ejecutivo no piensa dar marcha atrás en la prohibición de vender cajetillas de menos de 20 cigarrillos, ya que estima que la venta de paquetes de 10 o por unidades va especialmente dirigida a los adolescentes.
POCOS CAMBIOS "Admitiremos todas las alegaciones, pero seguramente no habrá cambios fundamentales en el anteproyecto, ya que ha sido muy meditado y trabajado", aseguró Lamata. El secretario general de Sanidad anunció que, teniendo en cuenta las propuestas de todos, el texto iniciará su tramitación parlamentaria en febrero.
