Un total de 38 clínicas privadas que practican el grueso de los abortos en España han cerrado sus quirófanos hasta el domingo para protestar contra la inseguridad jurídica que viven las mujeres y los profesionales que trabajan en ellas, sobre todo en Madrid, desde que en noviembre se destaparon presuntas interrupciones fuera del plazo legal en una red de clínicas barcelonesas. Según afirma la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), mayoritaria en el sector, unas 3.000 mujeres tendrán que esperar hasta el lunes para poder abortar a causa de este paro sin precedentes desde que entró en vigor la ley del aborto en 1985.

En Mérida, la clínica los Los Arcos, la única de este tipo que existe en Extremadura, no ha secundado la huelga, mientras, en Cataluña la clausura se adelantó al lunes y afecta a los quirófanos de seis de las ocho clínicas autorizadas, aparte de las dos propiedad del doctor Carlos Morin, que ya estaban cerradas por el conflicto laboral surgido tras la detención del famoso cirujano peruano. Los centros advirtieron de que solo atenderán servicios de ginecología mínimos o casos de mujeres con grave riesgo.

ACOSO Las clínicas madrileñas denunciaron ayer la "caza de brujas", el acoso, la "persecución política" y las "inspecciones abusivas" a las que están viendo sometidas desde noviembre por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. A modo de ejemplo, la clínica Dator, pionera y una de la principales de España, señaló que en diciembre fue inspeccionada tres veces, frente a las dos de los 11 meses anteriores.

Además, junto al centro Isadora, ha sufrido a sus puertas numerosas concentraciones con velas rojas, rezos, amenazas y agresiones verbales y físicas a los trabajadores. En ocasiones han amanecido con pintadas en la fachada que simulan sangre y pegatinas que las tachaban de matadero y centro de exterminio. "Estamos al servicio de la sanidad. No tiene sentido que la sanidad pública nos derive pacientes y luego nos acose y permita que no trabajemos con tranquilidad", señaló Gael Leveder, portavoz de Dator.

La Consejería de Sanidad de Madrid, que ha cerrado dos clínicas por presuntas irregularidades, negó que esté acosando a estas clínicas. Una portavoz aseguró que se están ciñendo a las inspecciones establecidas y que su titular, Juan José Güemes, no tiene previsto reunirse con los responsables de las clínicas como le han solicitado. Hoy, sin embargo, tres representantes se reunirán con el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, y la delegada del Gobierno, Carmen Mestre. Les demandarán su intervención para que los centros puedan trabajar sin coacciones y con seguridad, y que las mujeres puedan ejercer el derecho a recibir esta atención sanitaria.

Santiago Barambio, médico de la clínica Tutor de Barcelona y miembro de la junta directiva de ACAI, explicó que, además de protestar por la situación de Madrid, el cierre persigue que se reconozca su labor, "plenamente legal", y se abra el debate para reformar la ley. Lo ideal, a su juicio, sería que se permita abortar en las primeras 12 semanas de gestación sin alegar motivo alguno, como ya sucede en otros países de la UE. En caso de malformaciones del feto, el plazo se debería ampliar a 26 semanas.