Hasta 3 millones de euros defraudó una red criminal desarticulada por las policías española y rumana dedicada al tráfico de teléfonos móviles de alta gama, en una operación que se ha saldado con la detención en Aragón y otras 5 Comunidades de 57 personas de 13 nacionalidades que llegaron a cometer más de 2.000 estafas.
Responsables de la operación, encabezados por la comisaria jefe de la unidad de delincuencia especializada de la Policía Nacional, Pilar Álvarez, han dado cuenta en rueda de prensa de los detalles de la Operación Transporte contra una organización dirigida por clanes familiares rumanos que llevaba operando tres años.
La red contaba para su actividad delictiva con empleados desleales en diferentes ámbitos, como teleoperadores de compañías telefónicas- siempre españolas- que trabajaban para éstas desde Latinoamérica y con repartidores de empresas de paquetería, colaboradores necesarios para poder llevar a cabo ese tráfico ilícito.
Álvarez ha explicado el "modus operandi" de la organización, que en una primera fase se dedicaba a hacerse con datos de identidad, domicilios y cuentas bancarias de clientes reales de operadoras españolas de telefonía. Y los conseguía gracias a esos teleoperadores.
Después, suplantaban las identidades de los clientes, en su nombre adquirían de forma fraudulenta móviles del tipo smartphone premium y cargaban los gastos a las cuentas de los estafados que, según las pesquisas, no lo denunciaban.
Además, aportaban domicilios de entrega falsos o inexistentes y a través de mensajeros captados antes, a los que pagaban entre 50 y 70 euros por teléfono, desviaban la mercancía a receptadores, fundamentalmente pakistaníes e indios, que los vendían en locutorios y comercios a un precio 20 por ciento inferior al del mercado: unos 600 euros la unidad frente a los 800 que podría costar realmente.
Muchos de estos móviles iban a parar a Rumanía y Marruecos, han subrayado los responsables de la operación, quienes han explicado que alguno de los colaboradores necesarios llegó a recibir hasta 15.000 euros por su participación.
Los investigadores creen que la red podría obtener un beneficio de unos 500 euros por móvil, toda vez que el gasto de su adquisición se lo cargaban a los titulares reales de las cuentas.
Según las pesquisas, en alguna ocasión los miembros de la red llegaron a desviar la entrega de más de un centenar de terminales al mes.
La Policía considera que la organización ha participado en más de dos mil estafas y que el perjuicio económico ocasionado supera los tres millones de euros.
De las 57 personas detenidas de 13 nacionalidades, tres han sido arrestadas en Rumanía (los miembros principales de la red) y el resto en Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Murcia y Andalucía.
Además, se han practicado 17 entradas y registros -cuatro en la Comunidad Valenciana, siete en la Comunidad de Madrid, dos en la provincia de Teruel y cuatro en Rumanía-, en los que se han intervenido 30.000 euros en efectivo y 130 teléfonos smartphones de distintas marcas-.
También se han incautado de 21 tablets, tres televisores, siete portátiles, 587 tarjetas SIM, dos videoconsolas, 23 dispositivos de almacenamiento, una plastificadora, una guillotina y 25 cuadernos con datos personales obtenidos de manera fraudulenta.
