A pesar de constituir un delito, tipificado desde hace casi 20 años en el Código Penal, el uso de cebos envenenados ha causado la muerte en los últimos 10 años de al menos 6.674 ejemplares de especies ibéricas protegidas y amenazadas. Esta cifra, hecha pública ayer durante el encuentro Proyecto Life+Veneno, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, es "impresionante" y demuestra una "grave amenaza para la biodiversidad", reconoció José Jiménez, director general de Medio Natural y Política Forestal del departamento que dirige Rosa Aguilar.

Los datos oficiales, basados en las conclusiones del grupo de trabajo de ecotoxicología del ministerio, especifican que en la última década han perecido bajo los efectos de ponzoña colocada en el campo 2.355 milanos reales y negros, 2.146 buitres leonados, 638 buitres negros y 348 alimoches, 114 águilas imperiales, 40 quebrantahuesos, siete osos pardos y 858 ejemplares de otras especies también muy vulnerables.

DAÑOS A LOS REBAÑOS Medio Ambiente ha comprobado que durante la década de los 90 la mayoría de los casos estaban vinculados a la caza: se colocaban los cebos venenosos para acabar con los predadores de especies de caza menor, como zorros y águilas, y otros carnívoros y córvidos considerados competencia. Pero en la última década, el dedo acusador apunta a los ganaderos que utilizan cebos para controlar los daños de la fauna salvaje a los rebaños, "especialmente en las áreas de expansión del lobo", apuntó Jiménez.

"En el último año han saltado las alarmas por el uso del veneno en el sector ganadero", subrayó Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). "Esta práctica ilegal no solo afecta a la biodiversidad sino que acabará afectando a la sociedad", alertó Ruiz.

Las asociaciones ecologistas calculan que los animales muertos registrados son menos del 20% de las víctimas totales, porque a su juicio los interesados, incluidas las administraciones, tienden a ocultarlos. También apuntan que no es fácil adivinar dónde estaba el cebo, porque la muerte puede ser retardada y dejar el cadáver lejos del veneno. Además, la debilidad de los animales envenenados les lleva a perecer bajo las ruedas de un coche, ahogados o después de chocar con un tendido eléctrico. También denuncian los ecologistas la facilidad de acceso a los potentes productos utilizados, como los plaguicidas agrícolas o forestales detectados el pasado abril en un lince muerto en la sierra de Andújar (Jaén).

SENTENCIAS CONDENATORIAS Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas punteras en la lucha contra esta mortalidad, ya que cuentan con un plan en marcha. Jiménez calificó de "insuficientes" las medidas tomadas hasta la fecha. Según sus datos, se han dictado 29 sentencias condenatorias por uso ilegal de veneno y se han instruido al menos 79 expedientes administrativos.