Ya son más de 8.000 los certificados entregados en los juzgado de guardias del país en el último mes, en los que otros tantos hombres y mujeres se autoinculpan de haber accedido a un aborto fuera de la ley --o de acompañar a la supuesta embarazada--. Este alud de culpabilidades voluntarias, un movimiento ciudadano de notable envergadura, choca con la nula atención --salvo raras excepciones, como es el caso de IU-- que le están prestando tanto el Gobierno como los dos partidos mayoritarios, que tal vez consideran que, si entran en tan espinosa materia, los votos a ganar son menos que los votos a perder.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció recientemente que el Gobierno no prevé ninguna modificación de la ley del aborto porque, dijo, "no existe una demanda pública" que así lo justifique.

El objetivo de las autoinculpaciones judiciales, en cualquier caso, es lograr que el Gobierno modifique la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en los artículos que pueden dar pie a incongruencias. En concreto, se propone un texto que autorice a abortar sin justificación médica, a decisión de la mujer, dentro de un plazo establecido. Y eliminar la tutela psiquiátrica que exige el actual texto.

SOLIDARIDAD Las autoinculpaciones también buscan solidarizarse con las que han sido citadas para ser interrogadas por un supuesto aborto realizado meses atrás, así como "poner a prueba los juzgados" con miles de supuestos candidatos a nuevos interrogatorios, explicó una miembro de la Asociación Catalana de Planificación Familiar.

Madrid, el Movimiento Feminista calcula que 4.000 personas, de las 8.000 de toda España, se han autoinculpado. Tras la apertura de dos expedientes judiciales en diciembre --uno a la clínica Isadora, por presuntas interrupciones de embarazo ilegales, y otro a CB Medical Ginemedex, filial de las clínicas barcelonesas de Carlos Morín-- la presión sobre el colectivo abortista ha subido varios grados. Tanto contra las clínicas como las mujeres.

En el caso de Isadora, el juez José Sierra, de talante conservador, ordenó al Seprona que tomara declaración a 29 mujeres. En el de CB Medical, la jueza Inma Gallego, de la misma ideología, se ha incautado de 2.000 historiales de las que abortaron allí en el 2007. Está llamando a las que duda que se hayan acogido estrictamente al supuesto que figura en el historial o, también, cuando estima que se ha incumplido algún trámite. Ambos procesos se encuentran bajo secreto sumarial.

Ante esta situación, casi un centenar de asociaciones feministas tienen previsto hacer coincidir el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, víspera de las elecciones, con la reivindicación del derecho a un aborto libre y gratuito. La manifestación está autorizada donde se pedido, salvo en Madrid y Sevilla.

Desde el otro lado, el conservador, la ofensiva antiabortista resurgió ayer con la firma de un manifiesto por 50 mujeres de renombre en ciertos ambientes, como Isabel San Sebastián. El texto pide que el dictamen que permite abortar a quienes aleguen riesgo psicológico sea emitido por profesionales externos a las clínicas que los hacen.