Ochocientas cuarenta y siete personas pagarán menos a Hacienda porque dieron dinero a la Fundación Francisco Franco, creada para difundir la obra del dictador y que afirma que él fue «la solución a todos los problemas que aquejaron España». El presidente de la entidad, el general retirado Juan Chicharro, considera «lógico» que quien les entrega dinero reciba beneficios fiscales, igual que ocurre con quienes hacen donaciones a oenegés que prestan todo tipo de ayudas a la sociedad. «Somos una fundación legal y tenemos ventajas como las demás. La ley no explicita que las fundaciones tengan que tener tal o cual ideología», explica Chicharro.
La Fundación Francisco Franco, que considera «inmensa» la obra del dictador y cree que merece «una plaza o avenida en cada pueblo» de España, anuncia que una persona que les entrega 150 euros podrá pagar solo 37,50 de «coste real», porque «Hacienda les financiará» los 112,50 euros restantes (el 75% del dinero entregado). A partir de esa cifra, los descuentos bajan hasta un 30%.
Sacar a la Francisco Franco de la lista de fundaciones es uno de los objetivos de la moción que el PSOE ha presentado en el Senado. El general Chicharro, que fue ayudante de campo del rey Juan Carlos I, defiende que «la historia no se puede prohibir» y apunta que el presupuesto de la Fundación alcanza unos 150.000 euros anuales. «Hay hombres y mujeres; unos pocos militares y civiles. Algunos dan 10 euros, otros nos entregan mil», indica.
La última batalla de la fundación franquista se libra contra el cambio de nombre de 52 calles en Madrid, aprobado por el ayuntamiento de Manuela Carmena en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La Francisco Franco ha logrado que un juez lo paralice, pero les exige 60.000 euros para seguir en el procedimiento. La fundación ha pedido ayuda a los simpatizantes, que recibirán beneficios fiscales el 2019.
El presidente de la Francisco Franco asegura que no han recibido un euro de dinero público desde el 2004, cuando el Gobierno de Aznar les dio 150.843,32 euros para digitalizar 30.000 documentos sobre Franco.
El general Chicharro, veterano de las guerras del Sáhara, Bosnia y Kosovo, saltó a la arena mediática en el 2013 cuando, en una conferencia, apuntó la posibilidad de cambiar la ley y castigar la rebelión incluso si no fuera violenta: («si un parlamento autonómico proclamara la secesión de forma unilateral no se cometería delito alguno», dijo). Expresó su certeza de que «la patria es anterior a la Constitución» y sugirió la intervención del Ejército en Cataluña en caso de «vacío de poder» en España. Defensa le abrió un expediente que concluyó sin sanción.
Esta fundación nació en 1976 con 226 socios y auspiciada por la familia del dictador (su hija fue presidenta de honor hasta su fallecimiento, el 29 de diciembre). En sus estatutos figuraba «exaltar» la vida de Franco como «modelo de virtudes puestas al servicio de la patria» y «contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española».
«FINES DE INTERÉS GENERAL» / Ahora, el meollo de la discusión legal está en dos ideas: interés general y Francisco Franco. La ley exige que las fundaciones no tengan ánimo de lucro y respondan al interés general. La Francisco Franco argumenta: «Perseguimos fines de interés general como es defender la historia como ocurrió, la defensa de los derechos humanos antes de su constitución, como acreditó Franco en la defensa de los judíos y reconoció la ONU…».
El general Chicharro admite que están «en contra» de la ley de memoria histórica y rechaza la comparación que Ciudadanos hizo de su fundación con Òmnium Cultural y ANC. «Nuestra fundación tiene un componente eminentemente histórico y no participa en movilizaciones de masas. Se me hace muy difícil que seamos ilegalizados. La Constitución protege la libertad ideológica».
No admite el ejemplo de Alemania, donde una entidad dedicada a un dictador sería ilegal. La Fundación rechaza equiparar a Hitler con Franco: «Es como comparar a Atila con Felipe II».
No existen muchos precedentes de fundaciones ilegalizadas o rechazadas en España, donde hay más de 13.000 entidades de ese tipo, según la Asociación Española de Fundaciones.
Un caso ocurrió tras el intento de Fernando García, padre de una de las jóvenes de Alcácer asesinadas en 1992. La madre de otra víctima pidió que no se usara ese nombre, de forma que el Ministerio de Justicia rechazó inscribir la Fundación Niñas de Alcácer, dando la razón a la madre reclamante.
