En el 2020, el sistema sanitario español seguirá atendiendo a toda la población de forma gratuita pero, para que se sostenga económicamente, los usuarios deberían estar pagando parte de los servicios no puramente asistenciales que reciban. Así lo desearía un 87% de los 141 políticos en activo o exresponsables del ámbito sanitario español que han participado en un estudio que analiza la evolución del sector. Un 60% de los consultados es partidario de establecer una nueva fórmula de copago por los medicamentos, que se fije a partir de la renta del usuario y no de su edad, como ocurre ahora.

La mayoría de los participantes en esta prospección, que ayer fue presentada en Barcelona, duda de que esos "deseos" se traduzcan en políticas reales. Creen que el gasto sanitario seguirá creciendo por encima del producto interior bruto (PIB), y que el sector será deficitario. Pronostican, no obstante, que se crearán impuestos específicos para financiar la sanidad pública y proponen que el Gobierno incorpore a la lista de medicamentos financiados sólo los que sean realmente eficaces.

EL DESEO Y LA CREENCIA Los participantes, ministros, exministros, consejeros y exconsejeros de sanidad de todas las comunidades expresaron deseos y pronósticos sobre todos los ámbitos del sector. Han resultado ser cosas muy distintas. "Nos ha sorprendido la gran distancia que existe entre los deseos de los altos cargos consultados y lo que creen que pasará realmente", afirmó Aníbal García, director técnico del proyecto.

El estudio lo han realizado la Fundación Fernando Abril Martorell y la Fundación Salud Innovación y Sociedad, con el objetivo de abrir el debate social sobre la conveniencia de poner o no límites al concepto de asistencia sanitaria universal y gratuita.

Aunque la opinión general es que las cosas apenas cambiarán en la sanidad española, los autores perciben una "nueva actitud" de los expertos en tres temas: el apoyo al copago (con múltiples matices), la necesidad de medidas de salud pública que eviten enfermedades (más ejercicio físico y dietas sanas), y el apoyo a la investigación biomédica.

"Existe unanimidad en que habrá que implantar algún tipo de copago porque los recursos son los que son --afirmó Miquel Vilardell, supervisor de este estudio y coordinador del informe que encargó la Generalitat sobre el mismo tema--. La hotelería de los hospitales o las prestaciones de escasa eficacia pueden ser objeto de pago compartido". Esa hotelería alude a la comida de los hospitalizados, que sería a la carta, o la opción de ingresar en habitación individual.

CONFORMISMO En opinión del economista Guillem López-Casasnovas, adscrito al consejo de administración del Banco de España y asesor de la investigación, los altos cargos entrevistados han expresado "conformismo y cierta frustración". El se mostró partidario de que la gestión de la sanidad salga del ámbito político y quede en manos de empresas aseguradoras o de consorcios que actúen de forma individual en cada hospital y ciudad, ofreciendo a la población la opción a la diversidad.

"Es muy difícil pensar que el sistema aguantará sólo con la financiación pública", dijo López-Casasnovas. Le respondió, discrepando, la consejera de Salud, Marina Geli, que presidió el acto. "Quien ha de dar la cara cuando hay listas de espera quirúrgicas son los políticos que gestionan la sanidad pública --afirmó Geli--. Las políticas de salud deberían surgir de un gran pacto entre todos los sectores de la sociedad".