Los 26 abogados que representan a las 112 víctimas personadas como acusación en el juicio del Chupinazo pidieron ayer al titular del Juzgado Penal número 2 de Vilanova i la Geltrú que retire los cargos contra tres de los ocho imputados, que actuaron como distribuidores del petardo que en 1997 causó numerosas lesiones.

El juez retiró la acusación contra Laurentino Fernández (gerente de Welcome Pirotecnia) y Ramón Vicente (gerente de Holding de Exclusivas) y hoy se espera que haga lo mismo con Manuel Estalella (gerente de la Antigua Casa de Manuel Estalella).

El juicio, que comenzó ayer, se mantiene contra los demás acusados: Miguel González Lázaro y Bernardo Sanchiz Vallbona, dueños de Pirofantasía y Multimedia, la empresa valenciana fabricante del artefacto; Fernando Vázquez Guzmán, alto cargo del Ministerio de Industria que en 1992 autorizó la comercialización del petardo pese a que presuntamente no cumplía la normativa, así como Raúl E. M., y Ramón M., responsables del Laboratorio Oficial Madariaga, que presuntamente no analizó correctamente si el petardo cumplía los requisitos necesarios para su venta sin riesgos.

El fiscal sólo acusa a los dos fabricantes y al alto cargo de Industria. y pide para ellos dos años y medio de prisión por 112 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Domínguez, que representa a la distribuidora Antigua Casa Estalella, explicó que "llevaba seis años comprando y almacenando el mismo producto en las mismas condiciones". "Nunca pasó nada hasta 1997 por lo que lo ocurrido no tiene nada que ver con el almacenamiento", dijo.