Llegaron de turistas y acabaron comprando una casita y un terreno cerca del mar. Para otros era el premio tras la jubilación: tenían buenas pensiones para el nivel de precios español y abandonaron la Europa del norte con la idea de disfrutar de sol, playa y tranquilidad de la Comunidad Valenciana. Creyeron que habitaban en el jardín del Edén, pero pronto aprendieron la vieja lección. Que incluso allí hay peligros, como el desaguisado urbanístico del que son víctimas y que la Unión Europea pretende frenar ahora obligando a la Generalitat a cambiar la ley.
Marie Santoro y su marido gastaron sus ahorros en una casa vacía en Benissa que convirtieron en su paraíso. Diez años después temen "perderlo todo a manos de gestores urbanísticos codiciosos" que les exigen que renuncien al 70% del terreno y corran con parte de los gastos de urbanización.
Cuando se enteraron del proyecto por internet, nadie se lo había notificado oficialmente. Frederick y Andrea Birklen recibieron un "ultimátum" del promotor para que cedieran 1.000 de los 2.500 metros de su parcela y pagaran 44.000 euros por nuevas infraestructuras que no necesitan. Martha Keynes vive en una casa rural. "Aparte de perder terreno y encima pagar por él, demolieron parte de nuestra terraza y la entrada del garaje", explica "triste e indefensa" ante el paraíso perdido".
Paloma Hoffman, representante en Benissa de Abusos Urbanísticos No (AUN), colectivo que ha promovido con 15.000 denuncias la intervención de la UE en el desastre inmobiliario de la Comunidad Valenciana, cree que "en Valencia el derecho de propiedad no se respeta y el interés público es tan elástico que puede significar un hospital o un campo de golf".
El abogado de AUN, Jaume Sendra, habla de "quebrantamiento del Estado de derecho" porque "el poder se impuso a la ley y el derecho no pudo limitar el poder", en referencia a la norma impugnada. Esto obligó, según Sendra, a acudir a instancias superiores como el Tribunal de Derechos Humanos. "No sólo hay que corregir la ley, sino indemnizar a los afectados", exige.
La fiebre del ladrillo
Al calor de la fiebre del ladrillo han surgido todo tipo de empresas faraónicas que, según el colegio de arquitectos, implicarían multiplicar por tres la población en diez años, si se aprobaran todos los planes y se ocuparan los cinco millones de casas potenciales. Los hay en casi todos los pueblos. Cinco de la comarca de la Marina Alta (Sagra, Sanet i Els Negrals, Tormos, El R fol d´Almúnia y Benimeli), que suman 2.100 habitantes, pasarían a 25.000, si se construyen las 9.000 previstas. El ejemplo es Torrevieja, que en 4 años ha pasado de 51.000 a 95.000 censados.
