La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha decidido extremar la defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión publicitaria, por considerarlo un principio democrático esencial. Los editores de prensa anuncian en un comunicado que han iniciado el estudio de "cuantas acciones legales pudieran ser ejercitables contra cualquier normativa que haya restringido en el pasado o restrinja en el futuro la libertad de expresión publicitaria de actividades legales, así como contra cualquier discriminación de la publicidad de esas actividades en los diarios respecto al resto de medios de comunicación".
Los editores consideran que su actividad como transmisores de anuncios publicitarios se encuentra doblemente protegida por las libertades de expresión y de empresa, y en lo sucesivo se proponen defender legalmente sus derechos contra cualquier disposición que pueda lesionarlos. Para la AEDE, si los poderes públicos consideran que una actividad es delicitiva o resulta perjudicial para la salud, "lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla, sino que prohíban el ejercicio de la misma".
La AEDE ha venido denunciando que en los últimos años los periódicos "están sufriendo, respecto a otros medios de comunicación, importantes limitaciones autonómicas, estatales y europeas para la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego".
Y aún podrían sufrir nuevas discriminaciones: con la publicidad de alimentos destinados a la infancia y la juventud; con los anuncios de contactos en prensa, como se desprende de las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, o con las directivas europeas sobre etiquetado de consumo energético.
AEDE ha criticado que el proyecto de ley de economía sostenible, pendiente de tramitación parlamentaria, plantee la retirada de las inserciones obligatorias de los anuncios financieros y societarios en prensa, "lo que supondrá un grave perjuicio para el derecho de información de los pequeños accionistas".
La AEDE recuerda asimismo que el Gobierno promovió el pasado 4 de junio la llamada Declaración de Madrid, suscrita por varias asociaciones españolas y europeas de medios de comunicación en defensa de los derechos de autor y en contra de restricciones a la libertad de expresión informativa o publicitaria. Dicha declaración reconoce la necesidad de conciliar la libertad de expresión de los anunciantes y la libertad de publicidad de las empresas. Y añade que debe evitarse cualquier requisito más estricto a la prensa escrita, por constituir una carga adicional claramente discriminatoria frente a las condiciones publicitarias de otros medios.
