El Gobierno de Esperanza Aguirre no prevé ni pedir disculpas ni reponer en sus puestos a los 15 médicos de Leganés (Madrid) absueltos por la Audiencia de Madrid de la acusación de haber practicado 400 eutanasias activas en las urgencias del Hospital Severo Ochoa. "¿Pedir perdón, por qué? La Comunidad no ha tenido nada que ver con este caso", dijo ayer altivo el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
El consejero trató de no desautorizar a su antecesor, Manuel Lamela, autor de la denuncia contra los facultativos que han desmontado los tribunales. Orgulloso de lo que hicieron, Güemes argumentó que la decisión de apartar a Montes de la coordinación de las urgencias fue la correcta: "Fue destituido por razones organizativas y, con la información que teníamos entonces, la decisión estuvo bien tomada".
El responsable de la sanidad madrileña aseguró que, tras la destitución de Montes, las urgencias funcionan mejor en Leganés e insistió en que la Comunidad de Madrid no fue ni juez ni parte en el proceso porque no se personó como acusación.
LOS DOCTORES SE DEFIENDEN Los médicos lo desmienten mientras preparan una querella de responsabilidades penales y contencioso administrativas contra Manuel Lamela, actual consejero de Transportes, y su anterior equipo. Se basarán en que la viceconsejería de Sanidad encendió la mecha en mayo del 2005 al presentar una denuncia sobre lo que supuestamente ocurría en el hospital, con nombres y apellidos, al ver que la fiscalía iba a archivar la causa. También subrayan que Manuel Lamela, ayer mudo y de vacaciones, no habló de eutanasia pero sí de "sedaciones irregulares e indebidas con resultado muerte".
Luis Montes reiteró que no confía en que la Comunidad de Madrid rectifique, dada la "soberbia" de quienes la gobiernan. "Yo no aceptaría una reposición. Para mí han perdido toda la confianza", sentenció el médico expedientado.
