La discusión parlamentaria de la nueva ley del aborto comenzó ayer con un enjundioso debate en el pleno del Congreso que puso de manifiesto tres cosas: que el PSOE tiene apoyos suficientes para llevar a buen puerto la reforma, que el Gobierno está dispuesto a suavizar el aspecto más controvertido del texto --que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin informar a los padres-- y, por último, que el PP, contrario al cambio, ha subido el tono y ahora esgrime argumentos similares a los de los autodenominados grupos provida, los mismos que acusan a los conservadores de ser "cómplices del genocidio" por no haber derogado la ley actual cuando estuvieron en el poder. Con 183 votos a favor (del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, NaBai y BNG) y 162 en contra (PP, CC, UPyD, UPN y ocho de los 10 diputados de CiU), la Cámara apoyó el proyecto legislativo, que superó así su primera prueba.

En la intervención más completa que se le recuerda sobre la necesidad de cambiar el sistema --del actual, basado en supuestos tasados, se pasará a otro en el que el aborto sea libre hasta la semana 14 de gestación--, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo, respecto a la regulación de las interrupciones del embarazo de las menores, que el Ejecutivo, "en aras del mayor consenso posible", tratará de encontrar "un punto de equilibrio con los grupos parlamentarios".

A grandes rasgos, los motivos de Aído para justificar la reforma, expuestos entre aplausos de la bancada socialista y ocasionales abucheos de la popular, consistieron en defender una reforma que equiparará a España con los países europeos de su entorno y denostar la ley actual porque "obliga a la mujer a la humillación de alegar problemas psíquicos para interrumpir su embarazo y la somete a una inseguridad vejatoria y al temor permanente de que su historial clínico termine en un juzgado".

"UNA ENFERMEDAD" Poco después, la diputada del PP Sandra Moneo, embarazada de siete meses, se subió a la tribuna y dibujó un panorama parecido al de organizaciones como Derecho a Vivir, convocante de la última manifestación contra el aborto, el pasado 17 de octubre. Países como Italia, Francia, Holanda o Alemania poseen sistemas análogos al que ahora quiere aprobar el Gobierno, pero para Moneo la reforma solo tiene "reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del este" y "priva a la mujer del derecho a ser madre". "Ha dibujado el embarazo como una enfermedad, pero no lo es, señora ministra, y espero que usted tenga ocasión de comprobarlo", concluyó la diputada del PP, en una alusión que el PSOE interpretó como una ofensa personal a Aído, arropada por los suyos en todo momento.

La sesión también sirvió para plasmar las profundas diferencias de quienes apoyan al Gobierno. Mientras a la derecha de los socialistas el PNV quiere restringir el proyecto --la alusión de Aído al "punto de equilibrio" respecto a las jóvenes iba específicamente dirigida a los nacionalistas vascos--, a su izquierda el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV le pide que se amplíe el plazo recogido para el aborto libre hasta las 22 semanas. "No defendemos una ley proabortista, sino una ley que regule esta situación", expuso Joseba Aguirretxea, del PNV. "Si quieren un voto honrado y entusiasta de los republicanos --dijo Joan Tardà, de ERC, quien en ese momento golpeó dos veces la madera de la tribuna--, hay que moverse".