La solución no pasa ni por regular la prostitución como un empleo ni por convertirla en un delito, porque "la inmensa mayoría" de las prostitutas no ejercen por propia voluntad sino que se trata de mujeres explotadas.
Esta es la tesis que defendió ayer en el Congreso la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para justificar la posición del Gobierno contraria a cualqueir tipo de decisión abolicionista o reguladora respecto a las prostitutas.
El debate llegó a la Cámara de manos del republicano Joan Tardà, que planteó abiertamente la necesidad de conceder derechos laborales y seguridad social a las prostitutas.
"Tenemos la miseria que tenemos", dijo, y agregó que una cuarta parte de ciudadanos admite haber utilizado estos servicios, incluidos "magistrados, senadores, diputados y las casas reales de todo el mundo".
Pero la ministra se mantuvo en la tesis de centrarse en la lucha contra la trata de blancas y la protección y el reconocimiento a las víctimas, dado que el 90% de las prostitutas son de origen extranjero, sostuvo.
RESPONSABILIDAD DE TODOS Aído también se mostró contraria a "trasladar el debate a una cuestión de orden público" y animó a cada administración a ejercer las competencias de que dispone en esta materia. Eso sí, admitió que el plan del Gobierno contra la trata de seres humanos todavía está "empezando" y queda mucho por hacer.
Donde sí coincidieron Tardà y Aído es a la hora de considerar "una vergüenza", en palabras de la responsable de Igualdad, los anuncios publicitarios de prostitución en medios de comunicación escritos.
En este sentido, la ministra recordó que entre las conclusiones de los grupos parlamentarios en la anterior legislatura figuraba denunciar la publicidad relacionada con el comercio sexual.
LA ORDENANZA En Barcelona, el ayuntamiento rechazó ayer modificar la ordenanza cívica municipal para prohibir totalmente la prostitución en la vía pública y decidió mantener el texto actual, que impide el comercio sexual en la calle únicamente en algunos supuestos.
