La sombra de Edward Snowden es alargada.

Casi lo primero que tuvo que hacer John Podesta, el asesor presidencial estadounidense que el jueves pasado presentó un informe sobre Big Data encargado en enero por Barack Obama, fue asegurar que "de ninguna forma es hipócrita" que la Casa Blanca preste atención a la cuestión de la recolección y uso de datos en el sector privado.

El escándalo por los programas de espionaje masivo sigue vivo, como demostró el viernes en Washington Angela Merkel, aún molesta. Pero el escándalo ha servido para prestar más atención a las tácticas de gigantes como Google y Facebook, de brokers de datos y de empresas de publicidad online. Y en eso ha puesto el foco la Casa Blanca, ganándose la bendición de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles.

Como llevan tiempo haciendo los expertos, el informe de Podesta destaca como un "descubrimiento significativo" que "la analítica del Big Data tiene el potencial de eclipsar arraigadas protecciones de derechos civiles sobre cómo se usa información en vivienda, crédito, empleo, salud, educación y en el mercado".

Es una referencia al creciente uso de los llamados "algoritmos inteligentes" y a su potencial discriminatorio con prácticas problemáticas como negar hipotecas porque se cree que los datos de una persona apuntan a que no podrá pagarla u ofrecer descuentos solo a determinados usuarios por su vida digital. "Se puede exacerbar la desigualdad en vez de abrir oportunidades", aseguró el jueves Podesta.

El informe apunta sobre todo a los brokers de datos, aunque sin mencionar ninguno, y pide que "construyan una plataforma o web común que enumere compañías, describa sus prácticas y ofrezca métodos a los consumidores para controlar mejor cómo se recolecta y usa su información o para optar por excluirse de determinados usos de márketing".

En el informe hay seis recomendaciones políticas, incluyendo dar un impulso a la ley de derechos de privacidad del consumidor que intentó lanzar ya hace más de dos años Obama, promulgar una ley nacional que obligue a las empresas a informar cuando haya un robo de datos y extender protecciones a los no estadounidenses.