El real decreto que regula la cesión de embriones congelados para que se investigue con ellos, cuya aprobación está prevista para hoy, concede a los progenitores la capacidad absoluta de decidir el destino de las células embrionarias. La mayoría de esas parejas los cederán una vez acuerden que ya no quieren tener más hijos, aseguraron ayer biólogos y ginecólogos especializados en reproducción humana.
En algunos centros, como ocurre en el Institut USP Dexeus, de Barcelona, numerosas parejas ya han firmado el documento que consiente esa cesión, aseguró Anna Veiga, responsable del área de Biología en Dexeus. "Muchas de las parejas atendidas por nosotros ya tienen muy clara esa decisión, que hasta ahora no se ha podido formalizar", añadió.
La legislación española prevé dos opciones más para los embriones que están congelados desde que resultaron sobrantes en procesos de fertilización: su destrucción o la donación a otras parejas.
"A la mayoría de personas atendidas en nuestro centro les repugna la idea de que otra mujer tenga un niño con la misma carga genética que sus propios hijos --asegura el doctor Joan Anton Vanrell, responsable de reproducción artificial en el Hospital Clínic--. Creo que antes que ordenar la destrucción de esos embriones, la mayoría de parejas que tengan claro que no los van a necesitar los cederán para investigación".
LA REGULACION El decreto que hoy abordará el Gobierno articula la ley que elaboró el anterior Gobierno y que, en la práctica, era inaplicable. El texto establece los requisitos que permitirán la obtención de células madre de los embriones congelados, y la eventual creación de líneas de tejido sano con las que tratar enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares o metabólicas, entre ellas la diabetes.
Según el borrador del texto, para trabajar con embriones se deberá acreditar de manera "fehaciente" que los progenitores --la donante del óvulo y el del esperma-- están de acuerdo. Ambos deberán firmar un consentimiento informado en el que figurará el objetivo del proyecto de investigación en el que se emplearán los embriones y los resultados científicos esperados.
Todos los estudios serán autorizados y coordinados por el Instituto de Salud Carlos III, de Madrid, que creará una comisión que decidirá el centro de procedencia de los embriones.
