El trasvase del Ebro ya es agua pasada. El Consejo de Ministros aprobó ayer el esperado decreto ley que lo deroga y lo sustituye por un conjunto de obras que con 401 millones de euros (casi 67.000 millones de pesetas) menos de presupuesto suministrará 1.063 hectómetros cúbicos anuales a las áreas necesitadas, 13 más que con el trasvase.
Habrá más agua, será más barata y llegará antes, porque las primeras gotas de este plan alternativo brotarán por los grifos de Valencia y Murcia en una fecha tan temprana como mediados del próximo año, según aseguró la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
En la presentación del acuerdo, el Gobierno puso un especial énfasis en que los hipotéticos receptores del trasvase "tienen garantizada el agua por este Gobierno". Así lo dijo la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, que reconoció, sin embargo, que ésa no es la impresión que se ha trasladado. "Vamos a intentar convencer de ello a todos", proclamó.
No parece tarea fácil. En primer lugar por razones políticas: el PP ha convertido la lucha contra lo que llama decretazo en una efectiva arma electoral, especialmente en Murcia.
El plan alternativo tampoco es fácil de vender. No tiene una palabra que le defina, salvo que "es una nueva política del agua", según Narbona. Consiste en 103 actuaciones muy diversas que incluyen la reutilización de agua depurada, el ahorro, la mejora de las conducciones y la desalinización.
20 DESALINIZADORAS El gran peso que tienen las desalinizadoras en el proyecto --se construirán 20 y ampliarán otras--, las han convertido en el blanco predilecto de los protrasvase, que dicen que los 621 hectómetros cúbicos anuales que extraerán del mar tendrán un coste inasumible para el campo.
Para contrarrestar este argumento, pretendía incluir en el decreto ley las tarifas del agua del plan alternativo, tan económicas para los regantes (entre 0,12 y 0,3 euros por metro cúbico), que dos organizaciones agrarias (UPA y COAG) ya han mostrado su satisfacción.
El coste total del proyecto ascenderá a 3.787 millones de euros (más de 630.000 millones de pesetas), indemnizaciones incluidas. Si se compara el viejo PHN con el nuevo sin trasvase pero con las nuevas obras, el ahorro subiría a 1.600 millones de euros. Pero, como advirtió la propia ministra, éste es un "ahorro virtual", porque todas las obras tienen un horizonte a muy largo plazo.
Tanto en el texto legal aprobado ayer como en la conferencia de prensa, el Gobierno se extendió en justificar la opción del decreto. La principal razón es la urgencia en quitar la cobertura legal a una obras ya en marcha que, de lo contrario, hubieran comportado "indemnizaciones muy costosas para el erario público", según Narbona.
Con ese método, la ministra aseguró que se ha conseguido reducir a tan sólo nueve millones de euros el dinero destinado a compensar a las empresas que estaban ejecutando los primeros trabajos del trasvase. Narbona agregó que se denegará la concesión del agua del Ebro pedida por asociaciones, empresarios y administraciones para construir ellos el trasvase.
