Amnistía Internacional (AI) criticó hoy que el Gobierno español haya vendido armas a Israel el pasado año por valor de cerca de 600.000 dólares, sin que existan garantías de que no vayan a ser usadas "contra la población civil".

Así lo denunció en rueda de prensa el director de la organización en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe titulado "Soportando la ocupación: la población palestina bajo sitio en Cisjordania".

El responsable de AI lamentó la "sorpresa reciente" que recibió la organización, al conocer que España continúa vendiendo armamento al Ejecutivo de Israel, un país que somete a un "castigo colectivo" a los más de dos millones de palestinos que viven en Cisjordania.

Subrayó que el Gobierno español no vendió armamento a Palestina pero sí negoció con Israel una cantidad que "no es grande" de distintos artefactos, que pueden ir desde pistolas a bombas, sin tener constancia, -matizó-, de que no vayan a ser empleados contra los ciudadanos.

Clara Cordero, especialista en Israel de AI, pidió al Estado español que emita una declaración pública en la que condene la construcción, por parte de Israel, de un muro de 700 kilómetros en Cisjordania y en la que declare "ilegales" los asentamientos que causan "enormes perjuicios" a los palestinos.

La experta demandó al Ejecutivo que promueva la inclusión del respeto por los derechos humanos en las iniciativas de paz "en las que participe o tenga influencia", para que se ponga fin a las prácticas de Israel que contravienen el derecho internacional y que, en algunos casos, constituyen "crímenes de guerra".

"España tiene que convencer a la Unión Europea (UE) de que hace falta una resolución al conflicto", apostilló.

En el informe presentado hoy se alerta de que los efectos de la valla se harán sentir durante mucho tiempo, al socavar la capacidad de las personas que viven en decenas de localidades de hacer efectivos "muchos de sus derechos humanos".

Beltrán denunció que el 80 por ciento del muro se encuentra en territorio palestino, dentro de Cisjordania, mientras que las autoridades israelíes justifican esta actuación como si se tratara de una medida defensiva, concebida para impedir la entrada de terroristas, armas y explosivos.

La valla, señala AI, separa pueblos y familias; impide el acceso de los agricultores a su tierra; dificulta la llegada a los centros de enseñanza y de salud y a otros servicios esenciales, e imposibilita a las comunidades palestinas su acceso a embalses y fuentes de agua limpia.