El encaje de bolillos realizado por el PSOE para conciliar las demandas de la izquierda con los recortes planteados por el PNV ante la reforma de la ley del aborto dio ayer sus frutos. La norma que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación concitó el apoyo de todos los grupos salvo del PP y la abstención de CiU en la comisión de Igualdad del Congreso, órgano en el que se debatieron las más de 125 enmiendas parciales presentadas.

"La ley supone un avance histórico para las mujeres, nos equipara al resto de Europa y el PP se ha quedado solo al no apoyarla", exclamó triunfante la diputada socialista Carmen Montón al término de la sesión. Su satisfacción estaba justificada porque hasta minutos antes de las votaciones no estaba claro que la norma obtuviese un respaldo mayoritario por el redactado del asunto más polémico: en qué condiciones podrán abortar las chicas de 16 y 17 años.

A la entrada de la comisión, los nacionalistas vascos anunciaron un acuerdo con el PSOE por el que la ley obligará a las jóvenes a informar al menos a uno de sus progenitores de la intervención; salvo que estas puedan alegar "fundadamente" que la comunicación les provocará un conflicto "grave, un peligro cierto de violencia, amenazas, coacciones, malos tratos o que se produzca desarraigo o desamparo". El objetivo de estas excepciones es "no poner a ciertas jóvenes entre la espada y la pared y abocarles a un circuito de clandestinidad", en palabras de Montón.

Sin embargo, a IU-ICV y ERC no les agradó este acuerdo porque la "obligación" de informar puede "limitar" el derecho de las mujeres a decidir libremente si quieren abortar. "Puede suponer introducir la codecisión por la puerta de atrás", alertó Gaspar Llamazares, de IU. Finalmente la izquierda apoyó la enmienda en beneficio del consenso.

TEMAS POR CONCRETAR Sin embargo, el articulado no concreta varios aspectos, como si será el centro médico el que se ponga en contacto con los padres o serán las menores las que presenten una notificación firmada por sus progenitores. Y, en este caso, tampoco aclara qué ocurrirá si un padre si niega a firmarlo y por tanto dificulta que su hija se someta al aborto. En cuanto a las excepciones, no especifica cómo la joven demostrará que el aborto le supone un conflicto familiar.

Montón reconoció que habrá que regular estos aspectos, pero en su opinión basta con que la joven exponga esta situación al médico. Curiosamente, PP y la izquierda coincidieron en que la falta de concreción puede convertirse en un "coladero" para que las menores burlen la información paterna.

Desde la Organización Médica Colegial, Marcos Gómez, restó importancia al debate porque los médicos ya deciden si una menor es o no madura. "Se prolonga lo que ya existía. Mejor es que la decisión esté en manos de los médicos que de nadie".