La ley para la promoción de una vida saludable, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno andaluz y que se someterá ahora a debate en el Parlamento regional, otorga «el máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad», según explicó Marina Álvarez, la consejera de Salud.

En Andalucía, la segunda región con mayor porcentaje de obesos, el problema afecta al 16,6% de la población adulta, siete puntos más en el caso de los menores. La norma, que prestará especial atención a las zonas con necesidades de transformación social (a menor poder adquisitivo, peor alimentación), busca cambiar malos hábitos, como ya logró en su momento la ley antitabaco. Sin gravar los productos más calóricos pero sí sancionando. Por ejemplo, a los locales de restauración que no ofrezcan agua gratuita o menús de diferentes tamaños de raciones. También a los supermercados y bares que no tengan alimentos frescos en cantidades adaptadas a diferentes tamaños de familia, evitando así que se tire comida o que se coma de más.

Asimismo, en los espacios públicos deberá haber fuentes y máquinas de agua refrigerada gratuita junto a las máquinas expendedoras de bebidas. También establece que las empresas de más de 50 empleados deberán tener un párking para bicis. La salud también llega a las escuelas, que deberán fijar al menos cinco horas efectivas semanales de deporte. La práctica actual de menús escolares saludables, basados en productos locales y de temporada, tendrá rango de ley, y se llevarán a cabo iniciativas para la distribución de frutas y verduras. En los institutos, por ejemplo, no se podrán vender bebidas o alimentos que sobrepasen las 200 kilocalorías o que tengan cafeína u otros estimulantes. La ley incluye limitaciones en la publicidad para no incentivar el consumo de de productos hipercalóricos y perjudiciales para la salud.