Andalucía se convirtió ayer en la primera comunidad autónoma en tener reconocido legalmente el derecho a una muerte digna. La nueva norma, aprobada por mayoría en la Cámara autonómica, establece la limitación del esfuerzo terapéutico y da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento, aunque esto suponga acortar la vida. La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, que fue defendida ayer por la consejera de Salud, María Jesús Montero, es la primera norma del país que regula los derechos de los pacientes en la última etapa de su vida y clarifica "técnicas y procedimientos". Son prácticas ya cubiertas por el decreto de voluntades anticipadas, que existe en otras regiones. No se incluye la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que las comunidades autónomas no tienen competencias para legislar sobre estas materias, que están tipificadas como delito en el Código Penal.

La nueva ley andaluza prohíbe el denominado "encarnizamiento terapéutico" y permite rechazar los tratamientos que prolonguen la vida artificialmente. Además, regula las obligaciones de los médicos que asisten tanto en hospitales públicos como privados, incluyendo la sedación paliativa. La norma contó con el respaldo de toda la Cámara, aunque el PP, que lidera Javier Arenas, votó en contra de los artículos referidos a los profesionales por no incluir el derecho a la objeción de conciencia, si bien la Junta aduce que esa regulación no entra en su competencia. Regular la objeción queda en terreno de una norma estatal.