La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 6 años de cárcel --alternativamente de 5 años, en función del Código Penal que se aplique--, y una multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros ocho directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998. El representante del Ministerio Público ha presentado esta mañana su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que instruye los hechos a raíz de una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto. Según el fiscal, los imputados omitieron declarar ante Hacienda los rendimientos en especie del plan de incentivos a los directivos de Banesto, consistente en la entrega a estos el 21 de octubre del 1994 de 6,1 millones de acciones "por un precio inferior al real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como en la venta de acciones a dos nuevos directivos en noviembre del 1996 y 1997 "mediante idéntico sistema de financiación". Presunto fraude de 9,88 millones de euros Las diligencias de instrucción concluyen que el Santander presuntamente defraudó así a Hacienda las siguientes cuotas fiscales: 7,74 millones de euros en 1994, 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998; en total, unos 9,88 millones de euros. El resto de los procesados son Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan Carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez.
