Decenas de españoles nacidos con malformaciones por culpa de la talidomida recibieron ayer con estupor la noticia de que no cobrarán las indemnizaciones dictaminadas hace un año por un juez de Madrid. La satisfacción por la excelente nueva de entonces ha trocado en zozobra después de hacerse público el fallo de la Audiencia Provincial madrileña, que ha anulado la sentencia original por un detalle técnico. Más de 50 años de lucha salen maltratados de los juzgados, aunque los afectados tienen aún la posibilidad de recurrir ante el Supremo. Lo harán, pero entretanto califican de "mazazo tremendo" y de "golpe muy bajo y muy fuerte" la decisión.

Más de medio siglo después de que naciera el primer bebé malformado, la puerta que necesitaban los afectados para demandar a la farmacéutica alemana Grünenthal la abrió el Gobierno español hace cuatro años, en el 2010, cuando a través de un decreto ley estableció ayudas para 23 víctimas de la talidomida. Aquello sentaba un precedente. Las ayudas fueron rechazadas, pero solo para que dos años después la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) demandara a Grünenthal por atentado farmacológico .