La reforma penal que pondrá coto a los locos del volante salvó ayer sin problema el primer trámite parlamentario. El pleno del Congreso refrendó prácticamente por unanimidad la tramitación urgente de la proposición de ley que prevé penas de cárcel para los conductores bala y los borrachos. Solo se abstuvieron dos diputados y otro votó en contra, probablemente por error a la hora de accionar el mecanismo. Si se mantiene el consenso, no habrá ningún problema para que la nueva norma entre en vigor a principios de de noviembre.
La propuesta, firmada el 14 de junio por seis grupos parlamentarios (PSOE, CiU, ERC, IC-EV, CC y Grupo Mixto), incluye la tipificación como delito a la conducción con el permiso retirado, el exceso de velocidad en 80 kilómetros por hora en vías interurbanas y 80 en las urbanas y superar una tasa de alcohol de 1,2 gramos por litro de sangre.
El portavoz del PSOE en temas de tráfico, el extremeño Victorino Mayoral, dijo que España es de los pocos países en los que no existen límites concretos a partir de los cuales se comete delito tanto en la velocidad como en el alcohol y que, incluso tras la reforma, los límites son de los más laxos. Conducir con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre es delito en Austria, Bélgica e Italia. "Los que han logrado mayor eficacia en la lucha contra las muertes en la carretera son los que han combinado el carnet por puntos con reforma penal".
