El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, decidió ayer archivar la causa penal abierta tras el incendio del rascacielos Windsor en febrero del 2005 al estimar que no hay indicios de responsabilidad penal.
En el auto, el magistrado afirma que el fuego no fue intencionado porque los peritos no hallaron sustancias acelerantes del fuego. Además, recuerda el juez, la policía sólo encontró un foco, situado en un despacho de la planta 21. Allí permaneció una trabajadora de la auditora Deloitte desde las cuatro de la tarde del 12 de febrero hasta las 11 de la noche. Seis minutos más tarde, sonó la alarma.
La empleada fumó varios cigarrillos. El último, media hora antes de marcharse. Sin embargo, según su testimonio, los apagó "correctamente".
SIN PRUEBAS El juez concluye que no existen pruebas para afirmar que la causa del devastador incendio del rascacielos fueran los cigarrillos de la trabajadora. Tampoco considera que los vigilantes del Windsor tengan responsabilidad penal, porque, según señala, actuaron "según los parámetros exigidos". El Windsor estaba en obras, pero, según el juez, no se desprende que exista motivo para "inferir relación causal entre aquellas y el siniestro".
Nada más conocer el auto, fuentes de Deloitte calificaron de "indignantes" las acusaciones vertidas por los dueños del edificio, que la semana pasada reiteraron que la empleada de la auditora fue la responsable del incendio. "Eva --en referencia a la trabajadora-- es una persona honrada y honesta que está sufriendo el acoso mediático desde hace un año", comentó un portavoz de Deloitte.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid destacaron que el sobreseimiento de la causa penal era "previsible". Sin embargo, todavía está abierto el procedimiento civil, que, en su opinión, será "largo" debido a que "hay mucho dinero en juego". El devastador fuego se saldó sin víctimas, pero provocó daños muy serios en varios establecimientos. El seguro de responsabilidad civil de los dueños, la familia Reyzábal, es de 10 millones.
