La actual crisis de la Iglesia católica por los abusos a menores muestra que cada denuncia, cada testimonio, cada caso genera otros: ha ocurrido en Irlanda, Holanda o Alemania. Pero no en España, por el momento. "Yo aún no he logrado que nadie denuncie porque ese paso es el más difícil --explica Carlos Sánchez, representante del colectivo Iglesia sin Abusos--. En el último año y medio nos han llamado decenas de supuestas víctimas, pero solo nos cuentan su experiencia y dicen que adelante con nuestro trabajo, que ánimo. Eso es todo. Pero estoy convencido de que esto cambiará, de que el movimiento es imparable, porque España no es distinta en este aspecto a Irlanda. Lo que se conoce es solo la punta del iceberg".

Y lo que se conoce son las ocho condenas de tribunales españoles a curas por vejaciones sexuales y la investigación a un miembro de la orden de San Viator, detenido en Chile, que mientras estuvo en colegios de Madrid y el País Vasco filmó abusos a un mínimo de 15 alumnos. Ejemplos no tanto de la extensión de este comportamiento entre el clero del país como de la forma que tiene la Iglesia de enfrentarse a ellos. "Hay abusos en muchas partes, pero la diferencia aquí es cómo la institución los encara", sostiene Sánchez. El representante de Iglesia sin Abusos dice que primero se intenta trasladar al presunto pederasta "para ocultar el escándalo", después se constriñe la información a quienes han avisado, se les dice que han tomado medidas y que "valoren las horribles consecuencias que tendrán para los niños que han sufrido los abusos si se decide acudir a la justicia ordinaria"; por último, se recurre a la amenaza velada.

"Un abogado del Arzobispado de Madrid me dijo que si se demostraba que la denuncia era falsa perdería mi patrimonio", recuerda Sánchez, un economista que ejercía de catequista de una parroquia de Madrid cuando, en el 2002, unos padres le dijeron que sospechaban de que un sacerdote había abusado de su hijo. Ellos no quisieron denunciar, pero sí lo hizo Sánchez. El cura, Rafael Sanz Nieto, fue condenado a dos años de cárcel, y el arzobispado, dirigido por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Antonio María Rouco Varela, fue obligado a pagar 30.000 euros por responsabilidad civil.

El portavoz del Vaticano dijo que las críticas, "para ser justas", no deben apuntar solo a la Iglesia, una declaración que, como la de Antonio Cañizares --sostuvo que había "ataques para que no se hable de Dios"--, solo busca, según Sánchez, "distraer la atención".