El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia la creación de una oficina encargada de coordinar las denuncias por el robo de niños desde el franquismo hasta principios de los años 80, así como la adopción de normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación de los hechos en vía administrativa.
En el documento remitido al departamento de Francisco Caamaño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional relata el contenido de la reunión que mantuvo el pasado 22 de noviembre con representantes de la Plataforma "Grupo de Afectados de Clínicas de toda España en la Causa de Niños Robados", a los que manifestó que este asunto "revestía importantes dificultades técnico-jurídicas" para considerar a la Audiencia Nacional competente en este asunto.
La investigación administrativa, según propone Zaragoza al Ministerio, debería permitir recabar de los diferentes archivos públicos y privados "cuantos documentos estén relacionados con tales actividades ilícitas y puedan contribuir a esclarecer las circunstancias acaecidas en cada uno de los casos que se identifiquen fehacientemente como sustracción de menores recién nacidos, falsificación de documentos para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias".
FALLECIMIENTOS FALSIFICADOS
En su reunión del pasado noviembre, la Plataforma expuso al fiscal jefe de la Audiencia la existencia de cientos de casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios. Los casos se produjeron, según la documentación que ha recabado la Plataforma, en un periodo que se sitúa desde los primeros años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia (1940-1980).
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid había acordado la inhibición de un procedimiento abierto a favor de la Audiencia nacional, que no ha tenido aún entrada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según ha confirmado este martes el propio fiscal jefe, por lo que su departamento no ha podido informar sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional para aceptar la inhibición del juez de Madrid.
