España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores, que fue desahuciada en el 2013 de la habitación en la que vivían en Madrid, sin que se les proporcionara vivienda alternativa. Así lo concluyeron expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
La denuncia ante esta instancia de la ONU fue presentada por Mohamed Ben Djazia Bourmouz, de nacionalidad española, y Naouel Bellili, de nacionalidad argelina, en su nombre y en el de sus hijos menores de edad, ambos españoles. En su dictamen, publicado ayer, que no tiene carácter vinculante, el comité determina que, pese a que la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia desahuciada una vivienda alternativa.
Los expertos de la ONU instan a España, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda adecuada, así como a otorgarle una indemnización por la violación de sus derechos. El comité determina igualmente que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos recursos económicos.
POLÍTICAS SOCIALES/ Los afectados pagaban regularmente la renta mensual de alquiler y, debido a sus bajos ingresos, desde 1999 Ben Djazia solicitó al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) una vivienda pública. El denunciado percibió un subsidio mensual de desempleo hasta el 21 de junio del 2012, pero al no tener ingresos, no pudo pagar el alquiler de la habitación en los siguientes meses. En noviembre del 2012, la arrendadora presentó una demanda de desahucio y en mayo del 2013 un juzgado ordenó el desalojo de la familia, tras una suspensión de un mes debido a la oposición de organizaciones sociales.
