El caso de Emilio Gonzales, un bebé de año y medio que desde que nació no puede comer ni respirar sin ayuda, ha desatado una batalla legal entre su madre, que quiere que continúe entubado, y los médicos, que buscan terminar su agonía.

El caso no podría ser más dramático porque, entre otras cosas, uno de los puntos clave en la disputa es un gesto del bebé que ella interpreta como una sonrisa y el personal médico como una mueca de dolor.

La madre, Catarina Gonzales, ha emprendido una cruzada para que no se le desconecte del respirador artificial que le mantiene vivo desde diciembre pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital para los Niños de Austin, en Texas (EEUU).

Los médicos diagnosticaron en enero al pequeño Emilio, que nació ciego y sordo, con el mal de Leigh, una enfermedad degenerativa incurable que se ceba en el sistema nervioso.

Los especialistas creen que mantenerlo entubado -el niño está conectado a un catéter, además de a un respirador, y es alimentado por vía intravenosa- no hará sino prolongar una innecesaria agonía.

De su lado tienen una ley del estado de Texas, firmada por el entonces gobernador George W. Bush en 1999, que autoriza la interrupción de un tratamiento para mantener vivo a un paciente con máquinas si los expertos concluyen que no lleva a ninguna parte.

Una vez alcanzada esa decisión, los familiares tienen un plazo de diez días para encontrar otro centro. El caso, que ha dado ya varias vueltas por los tribunales -la próxima audiencia se celebrará el 8 de mayo-, ha reavivado el debate en torno a la eutanasia con una viveza que no se conocía desde los tiempos de Terri Schiavo, la mujer de Florida en estado vegetativo cuyo tratamiento y muerte se convirtió en una batalla político-religiosa que enfrentó a su marido con sus padres.

Michael Schiavo, con base en las informaciones de los médicos que atendían a su esposa y en los deseos de ella, decidió desconectar a Terri de la máquina que la mantenía viva, pero sus padres se negaron a aceptar la evidencia científica y solicitaron judicialmente que se mantuviese la vida de la hija de forma artificial.

Cuando los tribunales fallaron a favor del cónyuge, los Schindler recurrieron a los más altos estamentos políticos del estado y del país, incluido el presidente Bush, en una agria guerra entre las consideraciones médicas y las creencias religiosas.

Como en aquel caso, todo depende de lo que se entienda por calidad de vida y -lo que puede resultar igualmente subjetivo- de la percepción de si el paciente sufre o no.

Uno de los elementos que complican el caso del bebé, según algunos expertos, es que la ley de Texas no afecta a todos por igual, en el sentido de que podría perjudicar a personas con pocos recursos.

Esto es, a los que, como Catalina, una madre soltera de 23 años, no pueden llevarse el enfermo a casa."La ley se utiliza más frecuentemente contra las poblaciones pobres y más vulnerables", señaló Lainie Ross, pediatra y experta en asuntos de ética médica de la Universidad de Chicago, en un debate televisado en la cadena CNN.

"¿Quién soy yo para juzgar la calidad de vida? Si este fuera mi hijo, lo habría desconectado ya, pero no lo es", dijo Ross.

Mientras tanto Michael Regier, representante de Seton, una cadena de hospitales católicos al que pertenece el Hospital para los Niños donde está ingresado Gonzales, dijo que el centro no tuvo en cuenta los costes del tratamiento para llegar a la decisión.

"Nuestros tratamientos están causando dolor. Y es un dolor que no tiene los correspondientes beneficios médicos", señaló.

Regier dijo que Emilio no es consciente de lo que le rodea y, entre otras cosas, el tubo en su garganta le está causando dolor, al igual que una terapia que obliga a golpearle en el pecho para expulsar secreciones.

Uno de los puntos de vista más llamativos en este caso corresponde al obispo católico de Austin Gregory M. Aymond, quien dijo que, aunque comprende el dolor de la madre, deberían retirarse las máquinas que mantienen artificialmente la vida del pequeño.

"Si un procedimiento médico no es esperanzador y es excesivamente gravoso, los católicos no están moralmente obligados a seguirlo", expresó en un comunicado.