La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado empresarial que se dedicaba a vender falsas ofertas de trabajo. La operación ha concluido con la detención de 29 personas en Barcelona y su área metropolitana.
La investigación comenzó a principios de este año al detectarse la falsedad de numerosos contratos de trabajo presentados por extracomunitarios que solicitaban la autorización de residencia por arraigo.
Los agentes comprobaron que en muchas ocasiones la empresa ofertante no tenía actividad alguna y su constitución tenía como fin servir de tapadera legal para ofrecer ofertas de trabajo ficticias. En otros casos eran compañías legales que, paralelamente a su actividad ordinaria, obtenían un lucro añadido ofreciendo la simulación de contratos.
Los compradores desembolsaban por cada una de estas ofertas ficticias entre 3.000 y 5.000 euros, y en la mayor parte de los casos eran obligados también a hacerse cargo de las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social.
UN BENEFICIO DE MEDIO MILLÓN DE EUROS
Aunque esta forma de actuar no puede ser atribuida a actividades concretas, la mayoría de las empresas estaban regentadas por ciudadanos pakistanís o hindús, de la misma nacionalidad que los ciudadanos que solicitaban sus servicios. Los beneficios obtenidos por este entramado empresarial alcanza el medio millón de euros.
En todos los casos, cumplidos los seis meses que la legislación obliga a estar dados de alta en la Seguridad Social para poder materializar la regularización, la relación laboral cesaba. Otros miembros de la organización, que disponían de autorización legal para residir y trabajar en España, prestaban su documentación a otros que no la tenían a cambio de dinero, con el objeto de que le usurpasen la identidad y así poder trabajar.
Cuando la relación laboral del suplantador finalizaba, se beneficiaban indebidamente de la prestación del subsidio de desempleo. Estas prácticas eran conocidas por los dueños de las empresas implicadas quienes lo consentían y, en ocasiones, lo propiciaban.
En el entramado participaban empresas de hostelería, telefonía, peluquería, agencia de viajes o construcción ubicadas en Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Rubí y Sant Andreu de la Barca. Entre los arrestados hay ciudadanos de Pakistán, India, Marruecos, Armenia, Argentina, Filipinas, Honduras y España.
