La Guardia Civil ha detenido en Madrid a cinco personas por su presunta pertenencia a una organización que timó a unos 45.000 internautas de toda España. El coste del fraude es superior a los 35 millones de euros, según los cálculos del instituto armado. Los timados navegaban por la red con normalidad. Pero, sin ser conscientes, descargaban unos programas que marcaban un teléfono de tarificación adicional --los 800 y 900-- para mantener la conexión. El Gobierno anunció, también ayer, que hará caso a las organizaciones de usuarios y cambiará la ley para impedir este tipo de robos.
La operación policial Sable se inició el año pasado. Entonces, un internauta de Pontevedra denunció ante la Guardia Civil que su factura de teléfono --de 1.300 euros-- incluía la conexión a un 906, un número que el usuario afirmó desconocer. Más tarde, los agentes comprobaron que la empresa culpable tenía su sede social en un polígono industrial de Villaviciosa de Odón (Madrid).
La Guardia Civil arrestó a los administradores de la empresa y a los responsables del tinglado informático. Todos tienen edades comprendidas entre los 30 años y los 39. Sus iniciales son A. J. S. L., S. R. S., R. A. B., J. A. M. B., y J. M. G. C. Los agentes sospechan que los cinco crearon en internet más de 150 páginas de música, viajes, coches, ocio y pornografía.
MODO DE ACTUAR Cuando los estafados abrían una de esas web, se instalaba en sus ordenadores --de forma automática y sin que ellos fueran conscientes-- un programa que se llama dialers y que permite la conexión mediante los números de tarificación adicional. Los números eran 907 60 60 09, 907 10 10 09, 906 99 79 92, 906 99 79 93 y 806 41 41 58. Los timados se daban cuenta del fraude al recibir unas enormes facturas de teléfono. En ellas, aparecía alguno de estos números.
Las organizaciones de usuarios llevan años pidiendo al Ministerio de Industria que impida este tipo de estafas, que son muy difíciles de controlar. Hasta ahora, el único modo de combatirlas era ante los tribunales. Ayer, después de que la Guardia Civil hiciera público el desmantelamiento de la red, el departamento que dirige Jesús Montilla anunció que modificará la ley. Cuando el cambio sea una realidad, la conexión a los números de pago elevado sólo se realizará con el consentimiento expreso del usuario.
En la actualidad, los usuarios se tienen que poner en contacto con la compañía de teléfono para exigirles que impidan la conexión a los 800 y 900. Cuando el cambio legislativo esté aprobado, no hará falta ese trámite.
