El Consejo de Ministros aprobó ayer el controvertido proyecto de ley de la ciencia con algunas modificaciones reclamadas por los colectivos relacionados con la investigación, según fuentes oficiales. Sin embargo, a juicio de algunos científicos y sindicatos, las mejoras respecto del anteproyecto presentado el 12 de marzo son sustanciales. Así que mantienen sus críticas por juzgar el texto inadecuado y porque no incluye carreras profesionales para tecnólogos y gestores de sistema, entre otros aspectos.

El proyecto de ley, que actualiza la normativa promulgada hace 25 años con la intención de adaptarla a los cambios de los últimos años, pasará al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, en la que podrán introducirse enmiendas.

España, según destacó ayer el Gobierno, tiene ahora seis veces más investigadores y 14 veces más fondos dedicados a la I+D+i que en 1986. "Se trata de una norma importante con la que España va a mejorar su capacidad para que el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso", dijo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

CARRERA FUNCIONARIAL El nuevo documento recoge una de las reivindicaciones de la comunidad científica, que habilita al Gobierno para constituir la Agencia Estatal de Financiación, diseñada como agente de gestión de programas. Pero el Ejecutivo no ha presentado ningún reglamento para la creación del organismo. Ya en el 2006, la ley autorizó la puesta en marcha de la agencia estatal de evaluación, financiación y prospectiva de la investigación, que nunca se ha hecho realidad.

Otra reivindicación, la configuración de una carrera científica no funcionarial, se queda a medias en el proyecto de ley. Se regula la contratación de los becarios para realizar la tesis doctoral, así como un nuevo contrato indefinido de acceso al sistema, pero la carrera científica como tal mantiene su esquema funcionarial, cuyas escalas en los diferentes organismos de investigación ahora se equiparan.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha evaluado negativamente el texto al considerarlo inadecuado para el sistema científico español. El proyecto ha sido contestado por las universidades y por la Asociación Española de Científicos, que lo ve insuficiente para resolver problemas como la burocracia y la fuga de cerebros. El texto sigue incorporando la innovación, una competencia transferida a las autonomías, lo que ha generado críticas de partidos nacionalistas.