La operación Trafalgar ha puesto al descubierto un fraude basado en la vivienda en multipropiedad que se cebaba con ciudadanos extranjeros, aprovechándose de su atracción por la Costa del Sol, el desconocimiento de las leyes españolas y las dificultades, una vez timados, para que las autoridades les localizaran.

La policía explicaba que la trama se organizaba en torno a empresas legales registradas en España a nombre de los principales implicados en esta estafa, entre ellas la Inmobiliaria Planit, situada en Fuengirola, y otras similares en Mijas y Coín. La red, que inició su actividad en la costa malagueña a lo largo del año 2000, llegó a emplear hasta 300 empresas, que consiguieron "engañar" a más de 15.000 extranjeros.

A través de un servicio de teleoperadoras, que captaban a las posibles víctimas para venderles las ventajas de las vacaciones en multipropiedad con otras personas --también conocidas como tiempo compartido-- se ponían en contacto, por un lado, con los propietarios de tiempo compartido, ofertándoles la posibilidad de vender su semana y, por el otro, con otros posibles compradores.

La red se movía rápido, según la investigación policial. De esta forma, el servicio prestado por teleoperadoras en locales alquilados y con poca proyección exterior visible cometían la estafa durante pocos meses, para después desaparecer del lugar y aparecer en otros locales, repitiendo el mismo esquema defraudatorio una y otra vez.

Pagos continuos

Una vez contactadas las posibles víctimas, la estafa podía adoptar diversas fórmulas, según la investigación llevada a cabo por la policía. En algunos casos, por ejemplo, tras llegar a un acuerdo inicial con los propietarios, les engañaban para que realizaran transferencias económicas a España, para lo que les daban continuas justificaciones de pagos por gastos notariales, de gestión, por impuestos para el alquiler o la compraventa de la vivienda en cuestión.

Estos trámites se eternizaban hasta que los propietarios veían que sus expectativas de venta no se cumplían y se daban cuenta de que habían sido estafados.

Viviendas inexistentes

En otra de las vertientes de la estafa, la trama vendía a través de alguna de sus empresas, en las que llegaron a participar hasta un centenar de personas, el mismo producto vacacional a diferentes clientes, aunque en la realidad no habían contactado con el propietario legítimo y no disponían de la vivienda.

También revendían la semana compartida a más de una persona, consiguiendo un beneficio multiplicado, por una parte del vendedor y, por otra, de los variados compradores, o se brindaban como una empresa que, con documentación falsificada, tanto de notarios como de abogados españoles, se ofertaba a los clientes estafados para emprender acciones legales en contra de las empresas timadoras, volviendo así a estafar a las víctimas.

El principal implicado, Willem Marthinus P., era quien controlaba en última instancia todo el sistema de empresas. Vigilaba las entidades creadas cada pocos meses, a sus gerentes y a los titulares de las cuentas bancarias, donde iba destinado el dinero. Todos eran controlados por el jefe, pero había escasa relación entre los distintos eslabones.

En este sentido, los agentes destacaron la dificultad para localizar a los cabecillas de la banda, ante "la opacidad" de los numerosos detenidos "a lo largo de estos años" que participaron en la creación, de forma "cada vez más clandestina", de multitud de entidades ficticias, reales y otras que simulaban ser legales y con reconocido prestigio en el campo del tiempo compartido.