El Consejo Económico y Social (CES) solicitó ayer al Gobierno la apertura de vías flexibles de regularización individual y permanente de los sin papeles que hoy trabajan en la economía sumergida. Ese es el camino para afrontar el problema de la enorme bolsa de inmigrantes irregulares existente en España, según el órgano consultivo, que desaconseja, en cambio, abrir nuevos de procesos de regularización extraordinaria global porque se han demostrado contraproducentes al causar el denominado efecto llamada.
La propuesta del CES, un organismo consultivo integrado por representantes sindicales, empresariales y del Gobierno central, es casi calcada a la avanzada por los nuevos responsables de la política de inmigración del Ejecutivo socialista tras su toma de posesión.
No es extraño que por vez primera un alto cargo de la Administración, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, haya asistido al pleno que debatió el informe y haya aplaudido su contenido.
El documento, aprobado por unanimidad, también exige una mayor "agilidad y flexibilidad" en los mecanismos ya existentes de contratación de extranjeros --el contingente y el régimen general--, a los que formula una severa crítica por su escasa eficacia. También carga contra la "escasa dotación de la inspección" y pide que ésta se incremente para "poner freno a la contratación irregular de extranjeros".
La Red Ciudadana por la Igualdad, una coordinadora de organizaciones de apoyo a los inmigrantes entre las que figuran las ONG más importantes, pidió ayer, en cambio, "la regularización inmediata y continuada del millón de sin papeles que hay en España" y ha iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo de esta reivindicación. Sos Racisme y ATIME integran esta plataforma.
