El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está elaborando un informe sobre lo acontecido en relación al caso de la mujer asesinada el jueves en Alovera (Guadalajara) por su expareja, a la que había denunciado por malos tratos en dos ocasiones.

Según el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, se trata de un informe para tomar conocimiento de los hechos, y no de una investigación disciplinaria, ya que "en principio no se detecta un funcionamiento anormal de Justicia".

López ha mostrado su apoyo a la propuesta al Gobierno de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Monserrat Comas, de que se convoque urgentemente una reunión para analizar qué fallos podrían existir en relación con la protección de las mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas o exparejas.

"Hay que dar una respuesta conjunta a lo ocurrido", ha añadido el portavoz del Consejo, quien ha expresado su "profundo rechazo" por este nuevo caso de violencia machista.

PROCESO CIVIL Por su parte, uno de los abogados de la víctima, Sylvina Jannette Bassari, Roberto García, ha explicado su deseo de que el CGPJ actúe de oficio, "como ha ocurrido en casos recientes", aunque, de no hacerlo, presentaría una queja contra el juzgado de Torrejón de Ardoz (Madrid) que instruía tanto el proceso civil de divorcio como la causa penal abierta tras las denuncias por malos tratos.

Según el letrado, desde que el juez de instrucción y primera instancia número 5 de Torrejón, responsable de los procedimientos de violencia doméstica, dictara la orden de alejamiento en septiembre del 2006, Sylvina denunció "cinco o seis" incumplimientos, el primero de ellos un mes después de que se dictara la orden. De hecho, el abogado pidió al juzgado una comparecencia para solicitar la prisión provisional del exmarido de Sylvina y una prueba psiquiátrica, pero ambas diligencias fueron denegadas, según su versión.

Roberto García ha agregado que ante los reiterados incumplimientos de la medida de alejamiento, la mujer decidió dejar la localidad de Ajalvir (Madrid) y trasladarse a Alovera, cambio de domicilio que no fue notificado al juzgado "porque se enteraría todo el mundo".

El letrado ha insistido en que tanto él como su compañero Fernando Martín están a disposición del Consejo para aportar toda la documentación que considere necesaria.