El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una información previa en relación con el permiso penitenciario concedido al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, a quien las Fuerzas de Seguridad buscan por no haber regresado a prisión una vez concluido. Así lo ha confirmado a Efe el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, que ha explicado que la investigación tiene por objeto aclarar si el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de La Coruña, Javier San Claudio Piñón, cometió alguna falta disciplinaria al conceder el permiso en contra de la opinión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Teixeiro.

López ha insistido en que la apertura de la información previa "no supone ninguna toma de posición" del CGPJ, que ante las noticias publicadas por los medios de comunicación pedirá un informe al juez, después de lo que el Servicio de Inspección hará una propuesta -que puede ser de archivo si no aprecia infracción disciplinaria- en el plazo de un mes.

Rodríguez Menéndez había solicitado el permiso tras haber cumplido una cuarta parte de la condena, condición indispensable para poder disfrutar de este beneficio. Por considerar que existía riesgo de fuga, la Junta de Tratamiento de la prisión coruñesa de Teixeiro denegó el permiso penitenciario al abogado, al que buscan las Fuerzas de Seguridad por no haber regresado a la cárcel.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron que otra de los razones aducidas para denegar el permiso que solicitó Rodríguez Menéndez -decisión que éste recurrió ante el juez de Vigilancia Penitenciaria- fue la diversidad de delitos por los que había sido condenado. Rodríguez Menéndez salió de la prisión de Teixeiro el pasado 18 de agosto y tenía que haber regresado el 22, pero no lo hizo, lo que supone un quebrantamiento de condena del que se ha dado cuenta ya a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al juez de guardia y al de Vigilancia Penitenciaria.

El letrado fue detenido en mayo de 2006 para ingresar en prisión y cumplir una condena de dos años que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid por la difusión de un vídeo de carácter sexual relacionado con el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo. En octubre de 2006, el Alto Tribunal aumentó de seis a diez años de cárcel la condena que le fue impuesta también por la Audiencia de Madrid por un delito continuado contra la Hacienda Pública entre 1990 y 1994.