El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer expedientar por una falta muy grave de desatención al juez que no ordenó el ingreso en prisión de Santiago del Valle, condenado a dos años y nueve meses por abusar de su hija y posteriormente detenido por la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. Los inspectores consideran que el juez de Sevilla Rafael Tirado actuó con "pasividad" y "dejación de funciones" al tardar "dos años y dos meses" en ordenar el encarcelamiento. El informe también propone que se archiven las diligencias contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González, ya que su falta al retrasar "dos años y siete meses" la redacción de la sentencia que confirmó la condena a Del Valle habría prescrito.

Fuentes del CGPJ adelantaron que la sanción más probable para Tirado sería la de suspensión por tres años, castigo que se suele imponer en los casos más graves de retrasos. La ley prevé para las faltas muy graves las sanciones de suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial. La Comisión Disciplinaria se reunirá el próximo lunes para examinar el informe de la inspección y decidir si abre el expediente disciplinario, cosa que se da por hecha.

El texto reconoce que la actuación de Tirado fue "correcta" en un primer momento, cuando acababa de recibir la sentencia de diciembre del 2005 que ratificaba la pena. "Los problemas surgieron a continuación, una vez que se iba a proceder a notificar al condenado la resolución", precisa. A partir de ahí, la inspección detecta numerosos "errores, omisiones y trámites dilatorios" que desembocaron en una falta absoluta de "supervisión y control" sobre la ejecución de la sentencia, sin que sea eximente para el juez la desidia de la secretaria del juzgado.

EXCUSAS JUDICIALES El juez alegó en su defensa la falta de personal, la acumulación de trabajo e incluso la baja durante mes y medio de la funcionaria que llevaba el asunto. También se escudaba, curiosamente, en la tardanza de la Audiencia de Sevilla en resolver el recurso, lo que, según Tirado, "provocó un indudable retraso" en la tramitación del encarcelamiento.

Los inspectores admiten que el magistrado González tardó casi tres años en redactar la sentencia cuando "en el resto de los casos se estaban dictando en poco más de un mes". No obstante, sugieren que no se le abra expediente porque su presunta falta muy grave de desatención habría prescrito al pasar más de dos años. Lo mismo piden para la jueza Esperanza Jiménez.